El Constitucional alemán asesta un golpe al plan anticrisis del BCE
El tribunal alemán exige a Lagarde que justifique las compras de deuda y desafía la sentencia del TJUE que avaló esta medida en el 2018
El Tribunal Constitucional alemán ha encontrado problemas legales en uno de los instrumentos claves para la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE). Según Alemania, el programa de compra de bonos soberanos (PPSP) y corporativos iniciado en el 2015 no se ajusta a derecho y da al BCE un plazo de tres meses para justificar su actuación.
El programa lanzado bajo el mandato de Mario Draghi para apuntalar la zona euro y avalado por la justicia europea, queda así en duda por una sentencia publicada el pasado martes de la Corte de Karlsruhe. Además, si el BCE no justifica la compra, el gobierno germano insta al Bundesbank a dejar de participar en esas compras masivas.
El Tribunal reclama que la actuación no ha sido proporcionada a sus competencias en un veredicto que, sin embargo, no afecta al programa extraordinario de compras puesto en marcha a raíz de la pandemia del coronavirus. Este plan anticrisis se refiere al programa de compras por 750.000 millones de euros que el pasado mes de marzo puso en marcha la institución presidida por Christine Lagarde para apuntalar la recuperación económica. El objetivo de estas medidas es financiar estados, empresas y familias a unos precios muy inferiores a su nivel de riesgo.
El programa de compra de deuda pública no fue bien recibido por Alemania desde un inicio por dos motivos. Por un lado, el riesgo de que todo el sistema europeo tuviera que cargar con el peso de ayudar a los «irresponsables» estados del sur. Y en segundo lugar, por el miedo a la inflación. Según el BCE, hasta el pasado mes de abril ese programa ascendía a 2,8 billones de euros. El grueso de las operaciones se produjo entre 2015 y diciembre de 2018, puesto que el año pasado apenas se inyectaban unos 20.000 millones de euros al mes.
De esta manera, la sentencia dictada por el TC alemán puede socavar el programa del BCE, que ha permitido controlar las primas de riesgo de Italia y España y supone un choque insitucional dentro de la Comisión Europea. “Reafirmamos la primacía del derecho de la UE y el hecho de que las sentencias del TJUE son vinculantes para todos los tribunales nacionales», apuntó un portavoz de la Comisión tras conocer el fallo. El Consejo de Gobierno del BCE, tras reunirse el martes por la tarde, dijo que “tomaba nota de la sentencia” y recordó que el TJUE había apoyado su programa.
“El Consejo de Gobierno del BCE tiene ahora tres meses para presentar sus deliberaciones respecto a la proporcionalidad del programa. Respetando la independencia del Consejo de Gobierno del BCE, apoyaré los esfuerzos para cumplir con sus este requerimiento”, sostuvo el presidente de Bundesbank, Jeins Weidmann.
Un problema de proporcionalidad
El Constitucional consultó su decisión con el TJUE antes de dictar sentencia. La respuesta por parte del BCE, cuyo objetivo es la estabilidad de precios, fue que el programa se inició en 2015 cuando debía hacer frente a una economía al borde de la deflación. Argumentó además que, para volver a tasas de inflación cercanas al 2%, se puso en marcha el programa de compras masivas de deuda, que ayudó a la bajada de los tipos de interés y la expansión del crédito. Todo esto condujo al aumento del consumo de los hogares y la inversión.
El TJUE concluye además que “excluir la posibilidad de que se adoptaran esas medidas impediría al BCE, en la práctica, utilizar los medios que le reconocen los tratados para alcanzar los objetivos de la política monetaria” y, en concreto, “podría obstaculizar seriamente la realización de la misión que le incumbe”.
El Constitucional no cree que el BCE haya ni vulnerado su objetivo de velar por la estabilidad de precios ni que haya financiado a los países ilegalmente. El problema para Alemania está en si el programa fue o no proporcionado. Por ello pide proporcionalidad y vigilar las decisiones del banco para que se mantenga dentro de su mandato. En todo caso, la sentencia llega a las puertas de la depresión más marcada de la zona euro.
