La agonía de casi un millón de interinos se alarga hasta septiembre
Los interinos esperan la sentencia del TJUE en "dos o tres meses" para "castigar" al Gobierno por incumplir la directiva europea sobre temporalidad
Exámenes de oposiciones: la esperanza de conseguir una plaza fija
La rebelión de los interinos no acaba. Aunque se esperaba que este mes de julio hubiera respuesta de la Unión Europea (UE), unos 800.000 funcionarios interinos españoles ahora deben esperar al menos hasta septiembre para saber si la justicia comunitaria dará «un importante varapalo al Gobierno de España» por incumplir la normativa para combatir la temporalidad en el empleo público.
La sentencia del proceso que se dirime en el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) se espera para septiembre u octubre, según informó este martes el abogado Javier Aráuz, a cargo de más de 5.000 casos de trabajadores públicos que acusan a la administración española de encadenamiento «abusivo» de los contratos temporales. La sentencia no llegará antes de «dos o tres meses», según el letrado.
Y es que el abogado general del TJUE debía elevar su informe sobre dos cuestiones prejudiciales presentadas por tribunales madrileños sobre la concatenación de contratos temporales en el sector público este 11 de julio, pero a última hora el documento fue aplazado hasta el 5 de septiembre, lo que alargará definitivamente un proceso que ya trae cola.
Rebelión de interinos para «castigar» al Gobierno desde Europa
La cadena de interinos se remonta al comienzo de la década, cuando se paralizó de forma masiva la convocatoria a oposiciones por motivos de ahorro, lo que llevó a prorrogar las contrataciones de interinos hasta ahora. El Ejecutivo de Mariano Rajoy acordó con los sindicatos sacar en 2018 el mayor concurso de empleo público, un compromiso al que Pedro Sánchez se suscribió, poniendo en jaque el empleo de cientos de miles de personas.
Aráuz sostiene que los interinos encadenan contratos temporales durante muchos años y que están discriminados porque no cuentan con la misma protección social que los fijos –como las excedencias o las licencias–. Además, se les puede despedir de manera gratuita, algo que no puede hacerse en el sector privado. Así las cosas, las ofertas públicas de empleo actuales pueden suponer la salida de trabajadores con años en el puesto.
Las demandas no buscan «premiar» al trabajador más que «castigar» a la Administración por incumplir la directiva europea. Aráuz dice que el objetivo es «transformar la relación temporal abusiva en fija». De igual manera, entre los reclamantes están empleados de sanidad o justicia que llevan hasta 20 años encadenando contratos temporales, que consideran injusto tener que afrontar ahora unas oposiciones para sus puestos de más de una década.
