Imputados 8 mandos policiales por las órdenes que dieron el 1-O
Estuvieron al mando de los dispositivos de la Policía Nacional para impedir la votación en 27 puntos
El juez de Barcelona que investiga las cargas policiales del 1-O ha imputado a ocho inspectores jefe de la Policía Nacional que fueron los responsables de los dispositivos en 27 puntos de la votación ilegal en la capital catalana. El titular del juzgado ha citado los próximos días 9 y 11 de octubre a los mandos «directamente responsables de las operaciones concretas» en cada uno de los 27 centros objeto de su instrucción.
El juez, que mantiene imputados a una cuarentena de agentes por las cargas del 1-O, procede citar como imputados a los inspectores jefe, atendiendo a una resolución de la Audiencia de Barcelona que le ordena investigar las «concretas órdenes» recibidas por los agentes que actuaron el 1-O en Barcelona.
Se trata, en concreto, de las órdenes que dieron los inspectores jefes en los colegios Jaume Balmes, Ramon Llull, CEIP Diputació, Prosperitat, Centro de Formación de Adultos Freire, Tibidabo, Aguamarina, Victor Català, Agora, Tomas Moro, Escuela oficial de Idiomas, CAP Guinardó, Mare Nostrum, CEIP Mas Casanovas, Escuela Mediterránea, IES Pau Claris, Escuelas Pias Sant Antoni, Estel, Joan Fuster, Fundación Trini Jove, Serveis Centrals d’Ensenyament, CEIP Dolors Monserdà, Projecte i Escola Infant Jesús, Els Horts, IES Joan Boscà y CEIP Pau Romeva.
Deberán dar cuenta de las órdenes que dieron en el 1-O
Los inspectores son citados en calidad de investigados «para salvaguardar su derecho de defensa», precisa el juez. Algunos de los mandos imputados ya comparecieron ante el juez para declarar en su momento por su actuación policial en alguno de estos centros, si bien ahora deberán acudir nuevamente al juzgado para dar cuenta de las órdenes que dieron a los agentes bajo su mando sobre el terreno en cada uno de los colegios de los que se hicieron responsables.
En un auto del pasado mes de febrero, la Audiencia de Barcelona resolvió a favor del Ayuntamiento de Barcelona y concluyó que era necesario investigar a los responsables del operativo y las consignas que dieron a los agentes para que el instructor pudiera «ponderar» si el uso de la fuerza empleado o si las órdenes dadas «se ajustaron o no a la situación» planteada y concluir si a los mandos se les podían imputar las lesiones ocasionadas.
Según la sección tercera de la Audiencia, se debe llevar a cabo una «completa investigación» de lo sucedido el 1-O para dilucidar si la actuación policial «se limitó a cumplir lo estrictamente ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, empleando la mínima fuerza indispensable, o bien hubo una utilización desproporcionada de la violencia, ya que, en ese caso, ésta no vendría amparada por el cumplimiento de una orden aún cuando esta sea judicial».
El concejal de Derechos de Ciudadanía del Ayuntamiento de Barcelona, Marc Serra, que ejerce la acción popular en la causa, ha destacado que por primera vez los mandos policiales son imputados «por las órdenes que dieron y no por las actuaciones desproporcionadas en la que intervinieron».
