El TSJC deroga el «impuesto Coca-Cola» de Junqueras

El impuesto autonómico sobre las bebidas azucaradas envasadas –que se creó a través de los presupuestos de 2017 bajo la tutela del ex vicepresidente económico de la Generalitat, Oriol Junqueras– fue anulado este jueves por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que estimó un recurso interpuesto por varias patronales y asociaciones.

El «impuesto Coca-Cola» es uno de los casi 20 impuestos propios que tiene Cataluña, cifra que le convierte en la región que más cargas impositivas tiene, y la que más recauda. Desde finales de marzo de 2017, cuando se aprobó la Ley que recoge este tributo, los consumidores se han acostumbrado a pagar unos cuantos céntimos de más por sus refrescos con azúcar.

El recurso interpuesto por las asociaciones de distribución, cadenas de supermercados, comercios y restauración contra el impuesto –que fue estimado este jueves por la Sección Segunda de la Sala del contencioso administrativo del TSJC– alegaba que la normativa careció de «trámites de consulta, audiencia e información pública que aparecen expresamente exigidos en la tramitación».

Para el TSJC es «evidente» que hubo vulneración de estos trámites y por lo tanto no vio necesidad de «examinar los restantes motivos del recurso», que fue presentado –entre otras patronales y asociaciones– por la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), la patronal de la gran distribución Anged y la asociación de grandes cadenas españolas de supermercados Aces.

El «impuesto Coca-Cola» de Junqueras recaudó 42 millones en 2018

Las entidades que firmaron el recurso se opusieron desde el inicio al impuesto por su «falta de justificación y precipitación». El TSJC dice ahora que el departamento de Junqueras  –en prisión provisional por la causa del procés– pretendía «escudar su actuación en la innecesidad de tales trámites o en el hecho de que la Comisión Jurídica Asesora tan solo aprecia un déficit de motivación respecto a la omisión de los mismos».

Junqueras fue muy criticado entonces por las prisas en aplicar el tributo, con el que se propuso recaudar más de 40 millones de euros. No obstante, entre mayo y diciembre de 2017 la Agencia Tributaria de Cataluña obtuvo 22,7 millones de los 31 millones que esperaba recaudar por las bebidas azucaradas; es decir, un 30% menos. En 2018 el impuesto sí que aportó 42 millones de euros.

Durante estos dos años y tres meses, el impuesto gravó el consumo de bebidas azucaradas envasadas (con edulcorantes calóricos añadidos como el azúcar, la miel o la fructosa) y afectó a refrescos o sodas, bebidas de néctar de frutas, zumos, bebidas deportivas, aguas con sabores y bebidas energéticas, entre otros productos de gran consumo.

En su momento, el Gobierno central español se planteó aplicar el mismo impuesto a nivel nacional, pero el ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, decidió guardarlo en el cajón al no contar con los apoyos del PP y Ciudadanos en el Congreso. Si Montoro lo hubiera logrado, Junqueras habría tenido que suprimirlo en Cataluña al haberse convertido de aplicación nacional.

El Govern reacciona al fallo del TSJC

El consejero de Economía de la Generalitat, Pere Aragonès, afirmó este jueves tras conocer la noticia que el impuesto a las bebidas azucaradas envasadas «se tendrá que pagar» pese a la sentencia del TSJC, porque lo que se anuló fue «el reglamente que desarrolla los aspectos técnicos y de gestión», no el canon per se.

El también vicepresidente del Govern entiende que el tributo en sí mismo sigue en vigor y exigirá que se siga abonando. «El impuesto no está anulado. Lo que ha anulado la sentencia es el reglamento. La ley del impuesto sigue vigente y el impuesto se tendrá que pagar», dijo, y añadió que la Generalitat estudia si presentar un recurso o un nuevo reglamento.

Además, este viernes Justicia Alimentaria-Veterinarios sin Fronteras lamentó la paralización del impuesto y reclamó que más bien se debe aumentar al 20% y extenderlo a toda España para combatir la obesidad.

La ONG acusó al TSJC de anteponer «los intereses del lobby al derecho a la salud» y recordó que dos estudios independientes fueron concluyentes respecto al éxito de este canon en Cataluña, ya que el consumo de estas bebidas se redujo un 25% como consecuencia del mismo.