El soberanismo se ciñe al guión a la espera de los indultos
Los escritos de acusación en la causa del 'procés' desencadenan un vendaval de reproches a Sánchez, y Torra descarta avalar los presupuestos
La vicepresidenta, Carmen Calvo, afirma que «el presidente del Gobierno nunca ha dicho que ha visto un delito de rebelión en Cataluña». Y, cuando un periodista le recuerda que eso, que entendía que se había producido un delito de rebelión, es precisamente lo que Pedro Sánchez afirmó en mayo, Calvo replica que entonces aún no era presidente. «Se me ha preguntado por la posición del presidente del Gobierno. Nosotros somos gobierno ahora y respondemos de la posición del gobierno».
El episodio, registrado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes evidencia, por un lado, las dificultades del ejecutivo para explicar públicamente la decisión de la Abogacía del Estado, dependiente del ministerio de Justicia, de renunciar finalmente a la acusación de rebelión, que sí había planteado en agosto, y distanciarse de los planteamientos de la fiscalía, más dura tanto a la hora de calificar los supuestos delitos cometidos como de solicitar penas que, en algunos casos, duplican a las pedidas por la abogacía.
Pero también indica hasta qué punto el ejecutivo está dispuesto a dejar pasar como si de una mala gripe se tratara las reacciones que en caliente ha suscitado la presentación de los escritos de acusación. Al fin y al cabo, nada ha pasado que no formara parte del guión previsto. Ni las declaraciones soliviantadas del independentismo en su versión más flamígera ni tampoco los reproches de PP, Cs y todos aquellos sectores mediáticos que entienden que Sánchez está capitulando ante los secesionistas.
Sánchez sigue apostando por la desinflamación
Porque, más allá de las reacciones y los ataques de unos y otros, el escenario que trazan las acusaciones por un lado permite defender que la fiscalía opera de forma independiente y, por otro, es una nueva señal de humo para indicar al soberanismo que el ejecutivo, sin saltarse ninguna línea roja, sí mantiene la línea de desinflamación en Cataluña por la que se decantó hace meses.
La Generalitat y los partidos soberanistas ya tenían por la mano que la vía judicial no se iba a cerrar con una caída de las acusaciones
No servirá, eso sí, y el problema para Sánchez no es menor, para aprobar los presupuestos, así que igual la gripe es pulmonía. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, retomó el modo ultimátum en un nuevo acto frente a la prisión de Lledoners, y anunció que le retiraba el «apoyo» a Sánchez y que, tal y como están las cosas, no avalará «nunca» las cuentas del ejecutivo, aunque a la vez insistía: «siempre seguiremos con la bandera del diálogo».
El caso es que tanto el gobierno de la Generalitat como los partidos soberanistas ya tenían por la mano que la vía judicial no se iba a cerrar con una caída de las acusaciones. Ahí están, sin ir más lejos, las declaraciones de Oriol Junqueras, que en una entrevista por escrito difundida por Catalunya Ràdio aseguraba este mismo viernes, antes de conocerse los escritos de acusación, estar preparado «para una estancia larga en prisión y para un juicio que no será justo».
Así las cosas, y con la pelota ya definitivamente en el tejado del Supremo, que ha de concretar también el calendario de un juicio para el que podría no haber sentencia hasta pasadas las municipales, lo que le queda por negociar a Sánchez y Torra podrían ser los eventuales indultos tras una posible sentencia condenatoria.
El mismo Junqueras ha asegurado también que, en caso de ser condenado, no piensa pedir el indulto, como también ha afirmado el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, pero en España esa medida de gracia puede ser promovida también por el Gobierno, sin necesidad de haber sido solicitada por el condenado.
Pugna con PP y Cs por el indulto
De ahí que PP y Cs percutan en ese punto. Los populares, proponiendo una ley ad hoc que prohiba los indultos a condenados por sedición o rebelión. Y los de Albert Rivera exigiéndole al presidente del Gobierno el compromiso de renunciar a priori a indultar a los independentistas, y promoviendo un debate en el Congreso e nese sentido.
Pero el ejecutivo ya ha dejado claro que no tiene ninguna intención de asumir algo así. En la misma rueda de prensa de este viernes, la vicepresidenta acusó a Cs de «sobreactuar» y zanjó el asunto recordando que el indulto no implica el perdón del delito y que es «una figura constitucional», por lo que vetarlo en determinados supuestos precisaría de una reforma «importante» de la Carta Magna.
