El sector inmobiliario recurre el plan de vivienda social de Colau
La Cámara de la Propiedad y diversas asociaciones de promotores y agentes inmobiliarios recurren la norma de destinar el 30% a vivienda social
La Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, junto con otras asociaciones de promotores y constructores de Cataluña, han interpuesto un recurso contencioso administrativo contra la modificación del Plan General Metropolitano (PGM) que obliga a destinar un 30% del suelo a protección pública.
Esta modificación del PGM está impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona. En el recurso, las asociaciones que han presentado en contencioso advierten que el gobierno de Ada Colau no está habilitado por la legislación urbanística, ni la estatal ni la catalana, para regular sobre esta materia.
Además de la Cámara de la Propiedad Urbana, se han sumado al contencioso la Asociaciónd e Promotores y Constructores de Cataluña (APCE), el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona, la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña y los colegios oficiales de administradores de fincas de Barcelona y Lleida.
Estas entidades indican que tanto el texto de la ley del suelo estatal como la legislación urbanística de la Generalitat «excluyen la posibilidad de imponer una carga en el suelo urbano», según subrayan en un comunicado conjunto.
Contra el derecho a la propiedad
En concreto, señalan que la modificación para destinar un mínimo del 30 % del suelo edificable a vivienda social en las promociones plurifamiliares en suelo urbano consolidado o de gran rehabilitación de más de 600 metros cuadrados iría contra «las condiciones básicas del derecho a la propiedad de los propietarios de este tipo de suelo».
Por otra parte, alertan de que la modificación del Plan General Metropolitano «disminuiría el valor medio del suelo en un 26 %».
Los promotores advierten de que el plan de la alcaldesa Colau para crear vivienda de protección oficial (VPO) disparará los precios del mercado de vivienda libre en Barcelona. Los empresarios privados no están dispuestos a perder dinero con los pisos protegidos y, si es necesario, repercutirán los costes en los libres.
Los profesionales del sector consideran que la modificación del PGM que promueve el gobierno de Colau no solo no solucionará el problema de escasez de VPO sino que ahuyentarán la inversión privada. En vez de generar oferta, la reducirán.
