Los promotores avisan: Ada Colau disparará el precio de los pisos
Los promotores dudan del encaje legal del plan de la alcaldesa Colau para obligarles a destinar el 30% de las nuevas promociones a vivienda protegida
Los promotores advierten de que el plan de la alcaldesa Ada Colau para crear vivienda de protección oficial (VPO) disparará los precios del mercado de vivienda libre en Barcelona. Los empresarios privados no están dispuestos a perder dinero con los pisos protegidos y, si es necesario, repercutirán los costes en los libres.
Desde la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE), su secretario general, Marc Torrent, subraya que Colau intenta “trasladar a las empresas privadas el problema de la falta de vivienda protegida.
A propuesta del gobierno de Colau, la comisión municipal de urbanismo acordó este lunes que se obligará a los promotores de nuevas construcciones a destinar un 30% de la superficie a viviendas protegidas. La norma no entrará en vigor hasta que se apruebe en el pleno municipal. No se prevé que se vote esta cuestión antes de septiembre.
De entrar en vigor esta norma tal como la concibe Colau, Torrent avisa de que se cumplirá “la ley del mercado”: como el 30% del techo construido se destinará a vivienda protegida, habrá menos oferta de vivienda libre, un producto que ya escasea, y, en consecuencia, aumentará su precio.
Además, si los precios de la vivienda protegida se sitúan por debajo de los 2.000 euros el metro cuadrado de superficie útil, los promotores perderán dinero en la mayoría de promociones que se realicen en Barcelona. Y no están dispuestos a pagarlo de su bolsillo. Para evitar pérdidas, Torrent indica que si no pueden recuperar los costes de la vivienda protegida, los promotores lo repercutirán en el resto de pisos de mercado libre de la misma promoción. Los particulares que compren estos pisos, acabarán financiado las VPO de sus vecinos.
Los promotores advierten de que el plan de VPO de Colau no se ajusta a la normativa legal
Los promotores dudan del encaje legal del plan de vivienda de Colau. Torrent recuerda que ni la normativa urbanística catalana ni la española prevén reservas para VPO en suelo urbano consolidado. Este tipo de suelo es el que ya está construido. Sin embargo, el gobierno de Colau pretende exigir este 30% también en las construcciones que se levanten sobre viejos edificios demolidos o que sean objeto de rehabilitación para crear viviendas.
En suelo urbano no consolidado, la actual normativa prevé que los ayuntamientos puedan imponer reservas para VPO. En determinados sectores de barrios como la Marina o la Sagrera se han impuesto cargas de hasta el 50%. Estas últimas zonas tienen un enorme potencial para vivienda protegida, según se señala desde APCE. Se trataría de desarrollarlas.
Torrent apunta que las políticas de vivienda protegida deben aplicarse desde una óptica metropolitana. Hay reservas de suelo en el área metropolitana, incluso en Barcelona. Sin embargo, Colau se empeña en generar VPO en todos los barrios de Barcelona.
En la comisión municipal de urbanismo del lunes, el concejal socialista Daniel Mòdol expuso sus dudas sobre la adecuación del plan de Colau a la normativa legal. No obstante, el PSC votó a favor de tramitar la propuesta.
Sin consultar a los empresarios
La propuesta de Colau pilló por sorpresa a los promotores. No les consultó ni pidió su opinión. Se enteraron por la prensa. Los responsables de APCE se reunirán en las próximas semanas con los grupos municipales de Barcelona. Esta patronal está presidida por Lluís Marsà, de Inmobiliaria Mar, y en su junta directiva se encuentran, entre otros, representantes de Núñez y Navarro, Vertix, Euroconstruc, Grup Qualitat, Globalma, Amat Finques, Cevasa, Solvia, Volumetric o Habitat.
Los promotores del resto de España tampoco salen de su asombro. Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España, calificó este martes la propuesta de Colau de “felices ideas” para solucionar “fracasos estrepitosos” en materia de vivienda pública cuando falta menos de un año para las elecciones municipales, según informa Efe.
Gómez-Pintado subraya que quieren “controlar la obra privada” tras “el fracaso de la política pública porque, en 2015, Colau prometió 4.000 viviendas sociales y “a duras penas llega a las mil”.
