El polémico voto de Puigdemont no permite desencallar la investidura
La mesa del Parlament se la juega con el TC y permite a Puigdemont delegar su voto, pero a JpC y ERC sigue sin alcanzarles para garantizar una investidura
La decisión de la mesa del Parlament de autorizar la delegación del voto de Carles Puigdemont es un nuevo pulso institucional que puede acabar en el Tribunal Constitucional. Pero es también, de nuevo, una medida más simbólica que efectiva, al menos por lo que respecta al primer escollo que hay que saltar para poder desbloquear el arranque de la legislatura, porque por si sola no permite modificar los equilibrios parlamentarios que hasta la fecha han impedido formalizar la investidura de un nuevo presidente de la Generalitat.
Para ser investido, un presidenciable precisaría o bien una mayoría absoluta, es decir, de 68 diputados, en una primera votación, o una mayoría simple en segunda instancia. Y como la CUP ya ha anunciado que sus cuatro parlamentarios no darán apoyo a ningún presidenciable que no sea el propio Puigdemont, Junts per Catalunya (JxC) y ERC pueden contar exclusivamente con sus 66 diputados, de los que hasta ahora solo podían votar 64, porque dos de ellos son Puigdemont, en prisión provisional en Alemania y a la espera de ser extraditado, y el ex conseller de Salud Toni Comín, que sigue en Bélgica y tampoco ha renunciado a su acta.
Si Puigdemont puede finalmente delegar su voto, como esta mañana ha aprobado la mesa del Parlament pese a las reticencias de los servicios jurídicos de la cámara, JxC y ERC contarían con 65 votos, los mismos que suman Cs, PSC, PP y Catalunya en Comú, és decir, las fuerzas no independentistas.
Baile de nombres
El nuevo escenario, por tanto, sigue sin permitir la viabilidad de cualquiera de las opciones puestas hasta ahora sobre la mesa para desbloquear la investidura, que, más de tres meses después de las eleccions del 21D, sigue antojándose un indescifrable cubo de Rubik. Con Jordi Sànchez y ahora también Jordi Turull en prisión provisional, han ido surgiendo otros nombres; a la cabeza, la portavoz de JpC, Elsa Artadi, que no cumple con el requisito de ser militante del PDECAT, impuesto por los propios neoconvergentes, porque se dió de baja del partido poco antes de los comicios de diciembre.
El continuo baile de nombres ha seguido con el alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, este sí, con carnet del partido, pero que seguiría teniendo el mismo hándicap: incluso con el voto delegado de Puigdemont, sólo sumaría 65 votos. A menos, claro está, que finalmente Comín acabara renunciando a su acta de diputado.
Si esa renuncia no se produjera, hay otro nombre que emergió la semana pasada, el de Ernest Maragall, apuntado por El Confidencial como propuesta de ERC en caso de que fuera inviable investir a cualquier candidato de JpC. Entienden los republicanos que con Maragall se podría buscar el apoyo de los comunes, que han abogado por formar un gobierno de concentración integrado por independientes, pero no han puesto ningún nombre sobre la mesa para presidirlo.
Riesgo de choque con el TC
La delegación de voto de Puigdemont se ha aprobado con los votos de JpC y ERC, que tienen mayoría en la mesa del Parlament, pese a que los letrados de la cámara han advertido de la posibilidad de que la decisión contradiga las medidas cautelares dictadas por el TC que ya impidieron la investidura a distancia de Puigdemont mientras se encontraba en Bélgica.
Cs, PSC y PP, que habían solicitado sin éxito un informe por escrito de los servicios jurídicos del Parlament, han pedido a la mesa que reconsidere la decisión porque entienden que se podría estar contradiciendo al alto tribunal y que este podría declarar nula la decisión tomada este martes por la mayoría independentista. De hecho, los populares ya han anunciado que si no se rectifica, recurrirán la medida ante el Constitucional.
