El juicio del "procés" ya tiene fecha

El Tribunal Supremo ha fijado para el próximo 18 de diciembre la vista del artículo de previo pronunciamiento (equivalente a las cuestiones previas) del caso del «procés» donde se estudiará si el alto tribunal es competente para juzgar los hechos.

En la vista se espera que no acudan los procesados, que a día de hoy no han solicitado acudir. Sí estarán, por primera vez, las defensas de los 18 acusados que acudirán al Supremo a una vista celebrada por un tribunal de siete jueces, presidido por Manuel Marchena.

También estarán presentes la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por Vox.

La vista se celebra porque la defensa de los acusados alegan que el Supremo no es competente para juzgar a los líderes independentistas catalanes porque sus supuestos delitos los cometieron en esa comunidad.

Así, dado que el proceso soberanista catalán y los hechos ocurridos el 20 y 21 de septiembre y el referéndum ilegal del 1-O tuvieron lugar íntegramente en Cataluña, consideran que deberían ser juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El juicio aún no tiene fecha

Un día después de la vista, según dicta la ley, cuando la Sala encargada de enjuiciar a los líderes independentistas decida sobre las cuestiones previas planteadas y, en el caso de admitir su competencia, las defensas contarán con un plazo 10 días para presentar sus escritos.

Todo ello a la espera de que la Sala fije definitivamente la fecha del juicio que, previsiblemente, tendrá lugar en el mes de enero.

Entre los procesados, el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, es el que se enfrenta a la petición más alta de prisión por parte de la Fiscalía: 25 años de cárcel por rebelion. Por su parte, la Abogacía del Estado le solicita 12 años por sedición.

En el escrito de acusación la Fiscalía sitúa a Junqueras, junto al expresident Carles Puigdemont, como principal impulsor del intento de secesión, y por eso solicita para él la pena más elevada como promotor de la rebelión con el agravante de «distracción ilegal de caudales públicos». Para el resto de acusados pide 16 años de prisión.