El Gobierno retrasa el ingreso mínimo vital

El Gobierno debía aprobar este martes el ingreso mínimo vital con el que se propone, dice el discurso oficial, «no dejar a nadie atrás» por la crisis del coronavirus. En principio, la medida iba a obtener luz verde en el consejo de ministros, pero se ha aplazado su tramitación algunos días, quizá hasta el viernes. Es tan solo uno de los muchos reveses que ha sufrido el decreto estrella de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que por ahora solo tiene el apoyo sindical.

La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales es una de las entidades que se ha alzado contra un proyecto que, a su juicio, presenta «importantes zonas de sombra e incertidumbre». Tal como está redactado, advierte, podría no ser útil para paliar las situaciones de pobreza generadas por la crisis sanitaria. Entre sus razones para no cantar victoria está que la medida no previene el «elevado nivel de no acceso» a estas prestaciones por quienes están «en los niveles más altos de exclusión».

Cree también la Asociación que es un error que el ingreso mínimo vital se calcule sobre la capacidad económica de los posibles perceptores de uno o dos años antes, de forma que no servirá para «hacer frente a los efectos en el incremento de la pobreza como consecuencia de la pandemia». A su parecer, la capacidad económica debe calcularse sobre los ingresos al momento de la solicitud. También señala que lo suyo sería que la renta mínima sea un derecho individual y no que esté ligado a otros derechos.

Las exigencias de la Asociación de Servicios Sociales se suman a los ya hechos desde algunos otros sectores, que ya han llevado al Gobierno a corregir el proyecto, que lleva retraso, puesto que Iglesias aseguró en abril que iba a ser efectivo en mayo (ahora lo será a finales de junio). Después vinieron los roces con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que paró las urgencias del vicepresidente segundo del Ejecutivo, que a su vez admitía hace una semana que metió «mucha prisa» a la medida.

El diálogo social, en suspenso

La recta final de estas prisas para acelerar la medida estrella, contemplada desde antes de la pandemia en el acuerdo de coalición de PSOE y Unidas Podemos (en su propio programa, la formación morada decía que debía ser, cuando menos, de 600 euros), han coincidido también con el bloqueo del diálogo social con sindicatos y patronales, al considerar CEOE y Cepyme que el Gobierno dinamitó las negociaciones pactando con Bildu la derogación «íntegra» de la reforma laboral que en cuestión de horas rectificó.

Hasta finales de la semana pasada parecía que el ingreso mínimo vital no obtendría el visto bueno de la patronal. Aunque el proyecto no necesita la aprobación de la CEOE, Sánchez ha insistido en la necesidad de que los actores económicos y sociales formen parte de las negociaciones de estas medidas, como ya ha sucedido con la subida del salario mínimo interprofesional y la extensión de los ERTE. En rueda de prensa el pasado sábado, el presidente volvía a rectificar y lanzaba un guiño a los empresarios: negociemos.

El retraso para aprobar la medida también responde a un último intento por contar con el apoyo de la patronal. Ya este lunes el vicepresidente de la CEOE y presidente de la patronal de constructoras Seopan, Julián Núñez, trasladó la «confianza» de que se retome el diálogo social. «Creemos que no puede ser de otra forma», dijo, haciéndose eco de las declaraciones de Nadia Calviño y María Jesús Montero en las que se intentó matizar el controvertido acuerdo con Bildu sobre la reforma laboral.

Precisamente, el pasado jueves, un día después de firmar PSOE, Podemos y Bildu el citado pacto, Escrivá tenía agendada una exposición en la mesa de diálogo social sobre el ingreso mínimo vital. La CEOE y Cepyme plantaron la convocatoria, dejando solo al Gobierno con los sindicatos. Las enmiendas de Calviño y Montero el jueves y el viernes no movieron a la patronal de su posición, ni lo hizo tampoco una llamada de Sánchez a Antonio Garamendi. Y el sábado, el presidente insistió: no se derogará íntegramente.

Flecos por resolver

Todo podría cambiar esta semana. Dice el Gobierno que ha retrasado la presentación de la medida, quizá al viernes, porque todavía hay complicaciones técnicas por resolver y por no restar protagonismo al salario mínimo tras un consejo de ministros en el que se aprobarán otros decretos. En estas excusas cabe también la posibilidad de retomar el diálogo social antes de salir adelante con la renta básica y corregir errores como los señalados por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Los empresarios ya han anunciado sus condiciones para apoyar el ingreso mínimo, y la primera es que no sea estructural, sino una medida «puente» vinculada a la búsqueda de empleo para salir de la crisis.

«El Gobierno no debe aprovechar el estado de alarma para implantar una medida estructural», decía la semana pasada un portavoz de CEOE. La patronal rechaza que se implemente de forma precipitada, como apunta el calendario del Gobierno, y cree que hay que introducir como requisito «la búsqueda activa de empleo».

Si este viernes finalmente se superan todos los atascos que han rodeado la renta básica durante los últimos dos meses, el próximo paso será confirmar que, de hecho, se aplique, toda vez que partidos de la oposición de todos los colores políticos han denunciado durante esta crisis que muchas medidas se anuncian a bombo y platillos pero demoran en activarse tal cual fueron anunciadas, como ha sido el caso con las prestaciones para los trabajadores en ERTE o las ayudas a las empresas.

El departamento de Escrivá estima que unas 850.000 familias se beneficiarán del ingreso mínimo vital, en torno al 80% de las que sufren pobraza extrema en España. La medida tendrá un coste de hasta 3.500 millones de euros. Garantizará un mínimo de 461 euros por mes a los beneficiarios, con un tope de hasta 1.100 euros dependiendo de los ingresos y del tipo de familia. Será compatible con otras prestaciones y salarios, siempre que no supere un cierto nivel de ingresos

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