Temporales, falsos autónomos y becarios pueden dar 1.050M al Estado
El Gobierno investigará 450.000 contratos y convertirá 70.000 trabajadores temporales fraudulentos en indefinidos en su lucha contra el fraude laboral
Isabel Celáa, Pedro Sánchez y Magdalena Valerio en un acto en el Museo del Prado, el 13 de noviembre. Foto: EFE/CM
El Gobierno quiere ingresar 1.050 millones de euros en 2019 atacando el fraude laboral que cree que hay en 450.000 contratos y forzando la conversión de 70.000 trabajadores temporales supuestamente fraudulentos en indefinidos. Así lo recoge el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año.
La inversión en la lucha contra el fraude laboral para 2019 es la misma cuantía que en los dos años anteriores. Las actuaciones serán desarrolladas por el Organismo Autónomo Estatal de Inspección en el Trabajo y Seguridad, que por primera vez en 2019 cuenta con presupuesto propio que asciende a 157,4 millones de euros, informó Efe.
La secretaria de estado de Empleo de Pedro Sánchez, Yolanda Valdeolivas, ya advirtió en octubre a las empresas de que el ministerio de Trabajo iba a iniciar en breve las inspecciones laborales para detectar abusos en los contratos temporales, falsos autónomos y becarios.
El Gobierno va a por las altas y bajas sucesivas del mismo trabajador
El Gobierno aprobó a mediados de 2018 el Plan Director por un trabajo digno 2018-2020 en aras de combatir el abuso y fraude en la contratación temporal y en la contratación a tiempo parcial con excesos de jornada y horas extra no pagadas ni cotizadas. El plan incluye las medidas detalladas en la Ley de Presupuestos.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que por primera vez lleva presupuestada la realización de 25.000 actuaciones para controlar el tiempo de trabajo en las empresas, suscribió un convenio con la Tesorería General de la Seguridad Social para realizar campañas en empresas que efectúan altas y bajas sucesivas del mismo trabajador, para comprobar si existe declaración por las vacaciones devengadas y no retribuidas.
Gracias a este convenio el Gobierno también podrá investigar las sociedades que presentan anomalías en la declaración de horas extraordinarias y aquellas que abusan de la temporalidad y la parcialidad en la contratación de trabajadores. También actuarán si se comunica una «relación anómala» de número de horas y bases de cotización.
Las empresas ficticias, las altas fraudulentas, los encuadramientos indebidos, la derivación de responsabilidad de deuda, las empresas deudoras insolventes con actividad y las sociedades que no transmiten la información de los conceptos retribuidos abonados están bajo la lupa del Gobierno.
Para ello, la Inspección llevará a cabo 20.000 actuaciones de control y vigilancia en materia salarial y 2.200 visitas a centros de trabajo para descubrir hasta a 3.000 trabajadores que figuran como «falsos becarios». También se luchará contra la figura del falso autónomo y las empresas buzón o las irregularidades de las plataformas electrónicas.
