La defensa de Ferrovial intenta blindar a Convergència

El abogado Cristóbal Martell ha pedido la anulación de la principal prueba de cargo contra dos directivos de Ferrovial y el ex tesorero de Convergència. Se trata de un CD donde los Mossos d’Esquadra volcaron el contenido del ordenador de la secretaria personal de Fèlix Millet. En uno de los documentos se relacionan una serie de pagos a un tal «Daniel», que la Fiscalía Anticorrupción identifica como Daniel Osàcar, el ex tesorero convergente. Estos pagos se refieren a supuestas comisiones que la constructora madrileña pagaba al partido de Artur Mas a través del Palau de la Música.  

Martell pidió la nulidad de esta prueba en su condición de abogado defensor de Pedro Buenaventura, ex directivo de Ferrovial, aunque, si consigue su objetivo, el principal beneficiado será Osàcar y Convergència.  

Los documentos de la exsecretaria de Millet

En las cuestiones preliminares del juicio del caso Palau que ha empezado este miércoles, Martell pidió la «expulsión» del CD como prueba. El letrado argumenta que, en la orden judicial de registro del Palau de la Música, se ordenaba la incautación de los ordenadores, pero no el «clonado y volcado» de los archivos informáticos. Precisamente, el contenido del ordenador de Elisabeth Barberà, la secretaria personal de Fèlix Millet, se grabó en un CD. Martell subrayó que el control de este disco fue un «total desgobierno» y que se ha roto la cadena de custodia de la prueba.  

Curiosamente, la nulidad de la prueba la pidió Martell, abogado de un directivo de Ferrovial, y no Javier Melero, defensor de Convergència. No obstante, los dos reclamaron la prescripción de los presuntos delitos que la fiscalía y las acusaciones atribuyen a sus clientes.

Alegan que el juez instructor actuó fuera de plazo

Respecto a Pedro Buenaventura, Martell indicó que el último pago al Palau de la Música se efectuó el 7 de febrero de 2006 y que la resolución judicial no se produjo hasta el 16 de marzo de 2011. Entonces ya se había superado el plazo de prescripción del delito de tráfico de influencias, que es de tres años, así como el de administración desleal, que es de cinco años, aunque en este último caso tan sólo fuera por un mes. El abogado de Juan Elizaga, otro directivo de Ferrovial, abundó en el mismo argumentarlo.  

Xavier Melero también reclamó la prescripción del delito de tráfico de influencias que se imputa a Daniel Osàcar. Ha renunciado a la declaración de 36 testigos propuestos por la defensa, entre los que se encuentran tres ex consejeros de obras públicas de la Generalitat: los convergentes Felip Puig y Pere Macias, así como el ex socialista Joaquim Nadal. Tampoco comparecerá el diputado de Junts pel Sí Jordi Turull. Esta decisión permitirá eliminar cuatro de las 55 sesiones programadas para este juicio, que acabará en junio.