El chivatazo ciudadano aflora 1.600 empleos sumergidos
El ministerio de Empleo cifra en 1,4 millones la recaudación recuperada con el buzón contra el fraude laboral
La lucha contra la economía sumergida es una de las principales cruzadas del Ejecutivo Central. El Gobierno, como respuesta a la elevada tasa de paro y al fraude a la Seguridad Social, creó hace poco más de un año el buzón contra el fraude laboral y 365 días después, el Ministerio de Empleo ha relevado los primeros resultados del chivatazo ciudadano.
Según el departamento que dirige Fátima Báñez, han aflorado 1.593 empleos sumergidos y se han iniciado 8.192 inspecciones de trabajo.
Estas actuaciones, derivadas de las denuncias ciudadanas, han conseguido sacar a la luz puestos de trabajo que generaban actividad económica al margen de la ley. Pero no sólo han destapado una parte del pastel, sino que las inspecciones también han permitido al ministerio recuperar 1,4 millones de euros en cuotas a la Seguridad Social.
Por todo, el Ejecutivo central ha sancionado a las empresas infractoras por un total de 1,4 millones de euros.
Conductas fraudulentas
En 5 de agosto de 2013, el Gobierno puso en marcha este sistema con el único objetivo de que los ciudadanos pudieran denunciar las conductas fraudulentas en el ámbito laboral para que, en su caso, fueran investigadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Si se echa la vista atrás hasta 2012, el número de empleos irregulares que han aflorado asciende a 170.941. Por su parte, las sanciones por infracciones en el ámbito de las empresas ficticias han alcanzado las 5.496 frente a las 683 en el periodo 2010-2011 –el 704,69% más–según ha detallado el ministerio.
Dos macroredadas en mayo
El pasado 12 de mayo, la policía detuvo o imputó a 641 personas, principalmente en Barcelona y Girona, acusadas de malversar a la Seguridad Social más de 7,7 millones de euros para cobrar subsidios por desempleo y permisos de residencia en lo que fue una de las mayores macroredadas contra el fraude laboral.
Pero tan solo dos días después, los agentes detuvieron a 740 personas más e imputaron a 1.241 acusadas de haber defraudado más de 20,5 millones a través de una red de empresas ficticias.
