Macrorredada contra el fraude laboral en España
La operación se salda con 641 personas acusadas de malversar a la Seguridad Social más de 7,7 millones
Macroredada estatal contra el fraude laboral. La operación policial se ha saldado con 641 personas detenidas o imputadas, principalmente en Barcelona y Girona, acusadas de malversar a la Seguridad Social más de 7,7 millones de euros para cobrar subsidios por desempleo y permisos de residencia.
La investigación se abrió hace unos meses, aunque ha sido este lunes cuando la indagación se ha saldado con centenares de detenciones en tres dispositivos que también se han desarrollado en Lleida, Madrid, Cáceres y Alicante.
Entramado fraudulento en varias ciudades españolas
La primera de las operaciones se ha llevado a cabo en Girona, donde se detectó una docena de empresas ficticias, con sede en Barcelona, que dieron de alta a más de 700 extranjeros para cobrar permisos de residencia o subsidios de desempleo.
La Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales detectó el entramado fraudulento al comprobar que dos varones indigentes de nacionalidad marroquí constaban como administradores de las empresas. La investigación se ha saldado con 105 personas arrestadas y de otras 144 –la mayoría marroquíes– imputados por, presuntamente, defraudar al erario público 3,8 millones. Las detenciones se han extendido a Castellón, Madrid, Cáceres y Alicante.
Usurpación de la identidad
La segunda investigación se ha centrado en la capital catalana. Las indagaciones partieron de la denuncia de un ciudadano que aseguraba que dos varones de nacionalidad paquistaní le habían usurpado su nombre y falsificado la firma. La voz de alarma dio pie a que se descubrieran otras seis empresas que seguían el mismo modus operandi: simular contratos laborales.
En esta segunda operación, la policía ha detenido a 53 personas y ha imputado a otras 144. En este caso, el fraude al erario público rozaría el millón de euros.
Altas y bajas ficticias
La tercera operación se ha centrado en Mataró (Barcelona), donde los agentes detectaron ya el pasado junio un total de 11 compañías que tenían el mismo administrador y domicilio social. La policía descubrió el trasvase de empleados entre las compañías dedicadas a la construcción con el fin de inscribir altas y bajas ficticias para renovar permisos de residencia y recibir prestaciones públicas.
