Abogacía del Estado, a Montoro: es «obvio» que hubo dinero público el 1-O
La Abogacía del Estado desmiente al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y asegura que el referéndum ilegal del 1-O se abonó con fondos públicos
La Abogacía del Estado desmiente a Cristóbal Montoro. En un comunicado al juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña, la Abogacía considera «acreditada» y «obvia» la «utilización de fondos públicos» para la votación, según El Mundo.
El informe tiene fecha del 9 de marzo y sustenta la acusación de malversación de caudales públicos que pesa sobre los antiguos miembros del último gobierno de Carles Puigdemont. El ministro de Hacienda siempre ha declarado que la Generalitat no destinó ni un euro de dinero público al referéndum, salvo que hubiera engañado a la interventora general del gobierno autonómico, Rosa Vidal.
Según la Abogacía del Estado, esta funcionaria negó el uso de fondos públicos para el referendo porque las partidas destinadas a la votación estaban ocultas. Por ello, insta a avanzar en la instrucción judicial para acreditarlo. El informe apunta además que el delito de malversación, junto a los de prevaricación, desobediencia y revelación de secretos, «sirven de medio para la comisión de los delitos de rebelión o sedición».
La Abogacía cree que el referéndum buscaba dar «apariencia de legitimidad» a la independencia de Cataluña
Por último, señala que el referéndum era «la excusa jurídica que trataba de dar apariencia de legitimidad a la secesión de la comunidad autónoma sin previa reforma constitucional», y añade que la votación solo se podía producir si «se obstaculizaba mediante la violencia o el tumulto de las masas en las calles y centros de votación que las fuerzas del orden impidieran su celebración, prohibida por la ley y la justicia».
Aumentos de sueldo inusuales
Por otro lado, Hacienda ha requerido a la interventora de la Generalitat información sobre los aumentos salariales de altos cargos encargados de tareas relacionadas con el proceso soberanista. Es el caso de Carles Viver Pi i Sunyer, ex director del Instituto de Estudios de Autogobierno, que pasó de cobrar 3.613,94 euros mensuales a un total de 9.538,60 euros.
