Docentes catalanes claman contra la Ley Celaá: “El castellano ya es residual”

La reforma educativa acordada por el Gobierno de Pedro Sánchez ha despertado las críticas entre algunos colectivos de docentes catalanes, que alertan sobre las dificultades que tendrán para impartir sus clases en castellano en todos los niveles de enseñanza. La Ley Celaá ha sido recibida por una parte del sector educativo con una “enorme preocupación” que ya han trasladado a los líderes socialistas.

La plataforma Universitaris per la Convivència ha enviado una carta a la diputada socialista Luz Marínez, que también es docente de profesión. En la misiva, advierten sobre las consecuencias directas que tendrá la nueva ley para que las familias catalanas escolaricen a sus hijos en centros donde reciban la docencia en español. «No es que el castellano vaya a desaparecer, es que ya tiene un carácter absolutamente residual», han advertido los profesores.

Los docentes lamentan que esta normativa sea un nuevo palo en la rueda en la lucha de los padres catalanes que han sido «sistemáticamente ignorados» por la Generalitat cuando han exigido que sus hijos estudien en castellano. «No encontrará una sola sentencia que dé la razón al Departamento de Enseñanza de la Generalitat en relación con la inmersión lingüística obligatoria para los castellanohablantes», han expresado.

La plataforma ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que aclare en qué centros públicos de Cataluña se mantendrá el español como lengua vehicular durante la enseñanza. A ellos no les consta que haya “ninguno”. Además, reclaman un sistema de control para garantizar que se detecten las deficiencias formativas en castellano en toda la comunidad.

Solo el 7,7% de los colegios imparte alguna asignatura en castellano

Universitaris per la Convivència se ha apoyado en los últimos informes lingüísticos de la comunidad para justificar sus críticas. Un estudio elaborado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) concluyó en 2019 que apenas el 7,7% de los centros de Infantil y Primaria impartían alguna clase en español, más allá de la de Lengua Castellana.

Los analistas analizaron la política lingüística en un total de 2.214 centros educativos de la comunidad. Ninguno de ellos cumplía con el mínimo fijado por los tribunales para impartir el 25% de las materias troncales en español. Un umbral que solo se contempla cuando las familias recurren ante los tribunales.

El estudio reveló que el 98,5% de los colegios vetaba el uso del castellano fuera de las aulas, en espacios como los pasillos, el patio o el comedor. Una prohibición que podría extenderse gracias a los recovecos legales que ha provocado la implantación de la Ley Celaá.

Solo el 2,3% de los colegios envía las comunicaciones a las familias en castellano y en catalán para que puedan tener detalle de la información del centro. Mientras que casi el 95% de las actividades extraescolares se desarrollan exclusivamente en catalán.