Los discapacitados catalanes se movilizarán contra la Generalitat
Los centros que ocupan a discapacitados presentan un contencioso contra la Generalitat por vulnerar la normativa estatal
La Generalitat recortará las subvenciones a los centros especiales de trabajo (CET) que ocupan a discapacitados. De un colectivo de 15.501 empleados, los recortes se centran en los 5.649 que presentan un índice de discapacidad inferior al 65%. Los centros que les dan trabajo preparan movilizaciones. Advierten de cierres y de destrucción de puestos de trabajo.
Hasta este año, los CET catalanes recibían una subvención equivalente al 50% del salario mínimo interprofesional (SMI) por cada discapacitado que empleaban independientemente de su grado de afectación. Sin embargo, la consejera de Trabajo, la republicana Dolors Bassa, ha decidido recortar la ayuda a los que tengan un grado de disminución inferior al 65% con efectos retroactivos al 1 de enero de este año. A estos no les subvencionarán con el 50% del SMI sino con el 25%. En vez de 353,5 euros mensuales tan sólo recibirán 176,7. Y con muchísimo retraso.
La Generalitat racanea las ayudas a los discapacitados. Por lo que respecta a las subvenciones del SMI, en estos momentos adeudan cuatro mensualidades a los disminuidos con especiales dificultades y ocho a los que presentan afectaciones menores. Los centros que emplean a estos últimos no han recibido ningún pago desde diciembre del año pasado. “Nos están presionando”, indica el director de uno de estos centros. Además, la Generalitat todavía no ha publicado la convocatoria por la que distribuirán las subvenciones correspondientes a 2017 a los 5.649 empleados con un grado de disminución inferior al 65%.
Invasión de competencias
La Federación de Centros Especiales de Trabajo de Cataluña (Fecetc) ha impugnado las bases reguladoras de las subvenciones. Han presentado un contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Su abogado, Marc Vilar, advierte que la Generalitat ha vulnerado la normativa estatal que establece que todos los empleados de los CET recibirán una ayuda equivalente el 50% del SMI independientemente de su grado de afectación. Una parte de los fondos proviene del Ministerio de Trabajo de Fátima Báñez. Vilar entiende que la consejera Bassa no tiene las competencias para redistribuir a su gusto estos fondos.
Julio Martínez, presidente de Fecetc, exige que se cumpla la ley. Insiste en que la Generalitat dispone de recursos económicos suficientes. El recorte pone en peligro la viabilidad de muchos centros y puede forzarlos a despedir discapacitados.
José Antonio Canillas, de la Fundación Marpi, advierte que el recorte acarreará graves consecuencias. Canillas recuerda que el parlamento catalán aprobó el pasado julio la Renta Garantizada de Ciudadanía, por la que se conceden 564 euros a las personas que se han quedado sin prestaciones. “Dan casi 600 euros a los que no trabajan y regatean los 353 que sirven para que los discapacitados tengan trabajo”.
Discapacitados: la consejera Dolors Bassa les racanea las subvenciones
Diversas fuentes del sector avanzan que preparan un calendario de protestas. La campaña se centrará en la defensa al trabajo de los discapacitados. Con el recorte de la subvención del SMI, la Generalitat tan sólo se ahorraría un millón de euros mensual.
