Las autonomías colapsan a Sánchez con su batería de reclamaciones
Torra, Feijóo y Moreno han urgido a Sánchez a concretar los criterios de reparto del fondo de 16.000 millones que anunció hace dos semanas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mentenido la décima videoconferencia con los presidentes autonómicos durante la mañana del domingo para analizar la evolución del coronavirus y las medidas de desescalada que entrarán en vigor el próximo lunes.
La reunión con los gobernantes autonómicos se produce tras dos meses de restricciones a la movilidad e interacción social y en la víspera de la extensión de la fase 1 de desescalada al 70% de la población. Sánchez también se encuentra en plena polémica con la Comunidad de Madrid por la continuidad en ese territorio de la fase 0 de la desescalada y aunando apoyos para pedir una quinta prórroga del estado de alarma.
El presidente, en este contexto, ha recibido un alud reclamaciones, exigencias y críticas de gran parte de los dirigentes territoriales. Quim Torra, presidente de la Generalitat, por un lado reclama 4.000 millones por el gasto extra de la pandemia en Cataluña y demanda “garantizar el derecho de manifestación”. Mientras que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado “cerrar ya este mes” los criterios de reparto del fondo de 16.000 millones para las comunidades.
El presidente del Gobierno anunció la aplicación de este fondo hace dos semanas, tal y como le solicitaban las comunidades presididas por los populares, pero desde entonces hay debate sobre qué razones deben primar más.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pide también que las provincias de Málaga y Granada puedan optar a pasar a la Fase 2 «con el resto de España» el próximo 25 mayo «sin quedarse atrás por una decisión que en su momento fue injustificada».
El presidente del Ejecutivo, como lleva haciendo varias semanas, ha iniciado su intervención ofreciendo los datos “esperanzadores” que se han contabilizado en las últimas 24 horas en referencia a la pandemia. El pasado día, ha habido 87 fallecidos, la cifra diaria más baja desde que decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo.
Pedro Sánchez también ha expresado su idea de lo que se va a suceder en las próximas semanas: “Vamos a cambiar y mucho además la arquitectura de esta esperemos última prórroga del estado de alarma. Básicamente, lo que queremos es que solamente exista una autoridad delegada”, ha explicado en referencia al Ministerio de Sanidad.
Pero las críticas no han tardado en llegar. El que ha iniciado las invervenciones ha sido el lehendakari Iñigo Urkullu. Este ha centrado su discurso en reclamar a Sánchez que se establezca “un nuevo marco legal que integre el modelo de cogobernanza. Porque en Euskadi no se comprenden ciertas actuaciones de lo que se dice a lo que se hace”, en referencia a las políticas activas de empleo, el ingreso mínimo vital y la educación.
Las críticas de Cataluña, Andalucía y Galicia
Torra, más tarde, ha criticado la restricción de derechos fundamentales en el estado de alarma, reclamando derogar la ley mordaza. “Hay que garantizar el derecho a la manifestación”, ha reclamado. Y ha explicado que la Generalitat ha aprobado un protocolo de cómo regular estas manifestaciones.
Además, ha hecho un ofrecimiento a las demás comunidades autónomas de ese protocolo, lo que algunos presidentes han interpretado como un ofrecimiento a la Comunidad de Madrid después de las manifestaciones de los últimos días en contra del Gobierno. “Si algún presidente está interesado, le facilitaremos el texto”, ha añadido Torra.
Feijóo ha pedido al presidente que en las salidas de los niños para pasear o jugar puedan participar ambos padres en lugar de uno solo. Durante la reunión, el presidente autonómico también ha reclamado un «criterio único» en materia de educación y servicios sociales para las próximas semanas de desescalada.
Moreno también ha demandado a Sánchez que se fije ya el criterio de reparto de los 16.000 millones. “Tendría que haber una fórmula de consenso”, ha advertido. El líder andaluz también ha advertido de la «descoordinación» en materia educativa, un asunto que considera «de importancia capital» y en el que, a su juicio, «no se están adoptando decisiones estratégicas» cuando «requiere de un debate muy serio y un mínimo impulso por parte del Gobierno central».
