«Calma chicha» hasta una investidura legal o nuevas elecciones
El bloqueo a la política española por parte del secesionismo amenaza no sólo con ser histórico, sino también con ser sistémico
Los mensajes de Carles Puigdemont a Toni Comín han sido un bálsamo, por lo menos instantáneo y temporal, para el Gobierno y los partidos constitucionalistas. Ni el Gobierno ni los dos partidos que le apoyan en el desafío catalán tienen prisa. Han aceptado la calma chicha impuesta por la suspensión del pleno del Parlament y esperan que sea el secesionismo quien mueva la próxima ficha. Hasta el punto que el ejecutivo ha suspendido el informe solicitado para interpretar el bloqueo establecido. La duda de cuando se pone en marcha el cronómetro para limitar en el tiempo una investidura o convocar elecciones la solventarán los letrados del Parlament catalán o la interpretación que haga de ese informe la Mesa del Parlament.
Una demostración de que la afirmación de Puigdemont «ha ganado Moncloa» ha tranquilizado a Mariano Rajoy en la misma medida que ha desatado la trifulca en los partidos independentistas. Los diputados de la lista de Junts Per Catalunya obedientes al expresident siguen insistiendo en que es el único candidato. La CUP no acepta ninguna candidatura que no se comprometa clara y expresamente con la reactivación de la república.
Enfrente, ERC escruta la forma de deshacerse de Carles Puigdemont al que ya consideran un obstáculo para la recuperación de la autonomía y el final de la vigencia del artículo 155 y de la intervención de la autonomía catalana. Y el termómetro que determina las decisiones de ERC es la amenaza de ser considerado traidor ante los que pretenden que el ex president mantiene la legitimidad en la Generalitat anterior al 155.
Se ha demostrado que no existe concordancia ni coherencia entre las palabras que se pronuncian en público y las verdaderas intenciones. Y cada día el vacío se llena con declaraciones contradictorias. Joan Tardá ha anunciado la disposición a «sacrificar» a Puigdemont para lograr cuanto antes un gobierno efectivo. Marta Rovira condiciona toda investidura a que no haya consecuencias penales ni para los miembros de la Mesa del Parlament ni para los diputados secesionistas. Pero nadie da un paso definitivo.
Los únicos que están dispuestos a una salida del impase con unas nuevas elecciones son los fieles de Puigdemont y los miembros de la CUP. Imposible establecer un diagnóstico y lo que toca es esperar el final de esta puna más soterrada que pública entre Puigdemont, parte de su propio partido y ERC.
No se conocen encuestas, estudios o pronósticos confiables en lo que podría ocurrir en una nueva cita electoral pero no aparecen a la vista grandes cambios respecto a lo ocurrido el 21-D. Quizá Puigdemont espere mejorar su situación si su apuesta por el martirologio cuaja. Y eso depende de cómo funcione la ecuación que proporciona el contraste entre la imagen de Oriol Junqueras en la cárcel de Estremera, en una celda de poco más de diez metros cuadrados, y la del ex president fugado en una mansión de quinientos metros y cuatro mil cuatrocientos euros de alquiler mensual.
La resolución del magistrado Llanera negando la libertad condicional al ex consejero Form tampoco le echa un cable al expresidente fugado. Independientemente de la valoración que se pueda hacer del auto, el magistrado justifica en parte su decisión en la actitud de Puigdemont huido de la Justicia.
Hay otro factor que debieran tener presente quienes apuesten por una repetición electoral. Si como se supone, en marzo se decreta el auto de procesamiento en la instrucción de Pablo Llarena por delitos de rebelión, podría promoverse la inhabilitación de los encausados sin esperar a la existencia de una sentencia firme. En consecuencia, ninguno de los actuales imputados podrían ser candidatos si las elecciones se celebraran después de la inhabilitación.
Mientras se deciden por una investidura legal o por promover nuevas elecciones, no nos queda otra que escudriñar diariamente en los episodios de esta batalla por la hegemonía del nacionalismo. Y este es un póker con cartas tapadas.
Rajoy ha tenido esperanzas –que se van diluyendo con el paso del tiempo- en la resurrección del viejo catalanismo que tiraba de la cuerda con el gobierno central sin llegar a romperla. Aquellos que apostaban por una Cataluña influyente en Madrid o ya no existen o están tan escondidos que no se les detecta en ninguna parte. Que ya no existen lo avala la apuesta fallida de Miquel Iceta al incluir, nada menos que como número tres de la candidatura de Barcelona, a Ramón Espadaler. La incorporación del ex dirigente de Unió Democrática no sumó votos a la candidatura socialista y no se adivina en el horizonte ninguna operación política para recuperar el catalanismo. Es difícil pensar que esos catalanistas no independentistas están refugiados en la abstención porque las cifras de participación electoral no dan para esa presencia.
Todo cambio político en Cataluña pasa por el cansancio de una parte de los ciudadanos que apoyan actualmente a los partidos secesionistas. El goteo de malas noticias para la economía catalana es constante. Probablemente todavía no se ha producido un impacto suficiente y tangible en la economía de las familias ni en las cifras de paro para que la economía sea protagonista de un cambio político. Es muy posible que todavía falte tiempo para que se dramatice la situación económica de Cataluña y con ello la afectación en los ciudadanos que propicie un abandono de posiciones secesionistas. Ese escenario es previsible a medio plazo si continúa la incertidumbre política. Es más plausible que una corrección electoral por transformación ideológica de una parte del electorado instalado en dos bloques incomunicados.
La calma chicha también está instalada en la política nacional. Seguimos sin Presupuestos Generales del Estado y no es previsible una mayoría suficiente hasta que se levante la vigencia del artículo 155 de la Constitución, condición impuesta por el PNV. La comisión que pudiera ser embrión de una reforma constitucional, languidece. Y no se tienen noticias de una nueva financiación autonómica.
Ese bloqueo de la política española es una mala noticia para el inicio de una acción en Cataluña encaminada a encontrar una solución a un conflicto que amenaza con ser no solo histórico sino sistémico.
Ciudadanos y PSOE siguen apoyando al Gobierno desde su responsabilidad con la Constitución. Pero cada vez es un apoyo más incómodo por la situación de debilidad del Gobierno, por el parón de la vida política, por la agenda judicial de la corrupción y por el calendario que corre hacia las próximas elecciones municipales, autonómicas y europeas.
Calma chicha, pero con nubarrones en el horizonte.
