¿Balanzas fiscales? El Gobierno rompe la principal baza del soberanismo

Una jugada de alto riesgo, pero con algunas posibilidades de éxito. El Gobierno que preside Mariano Rajoy se siente muy incómodo cuando se habla de balanzas fiscales entre territorios. La máxima que siempre han defendido los dirigentes del PP –también la mayoría de los líderes del PSOE– es que los impuestos los pagan los ciudadanos, y cada uno paga según sus ingresos, y que los territorios no pagan impuestos.

Esa premisa siempre ha estado clara, el problema era y es que, posteriormente, el Gobierno central decide inversiones públicas y presta servicios en los territorios, y en unos lo hace en mayor medida que en otros.

Pero el Gobierno del PP, aunque es consciente de ese argumento, que es el utilizado por el nacionalismo catalán desde hace, por lo menos, dos décadas –impulsado, curiosamente, por el mundo académico cercano a los socialistas catalanes– ha decidido cargarse el concepto, y buscar un nuevo cálculo que explique mejor la realidad.

Cuentas públicas «regionalizadas»

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo ha anunciado este viernes en la convención política del PP catalán en Barcelona. Acompañado por el portavoz económico del PP, Enric Millo, Montoro ha asegurado que el Ejecutivo español eliminará las balanzas fiscales –un ejercicio teórico impulsado en su día por catedráticos de Hacienda para acercarse a los flujos financieros entre territorios— y elaborará un nuevo método de cálculo cuyos resultados se publicarán en marzo. La idea es calcular el coste de los servicios públicos. “En vez de hablar de balanzas fiscales pasaremos a hablar de cuentas públicas regionalizadas», ha señalado.

El objetivo, para saber qué hace la administración central, pero, en conjunto, para saber qué recibe cada ciudadano en cada territorio, es delimitar lo que las administraciones gastan en las distintas comunidades autónomas y “en los individuos de esos territorios”. Montoro ha concretado que el nuevo modelo se presentará el 31 de enero en una convención de expertos en Girona, y que en marzo se podría ofrecer los resultados.

El País Vasco y Navarra

Claro que esa cuestión puede ser muy llamativa. Se le llame como se quiera, los datos ofrecen de forma sistemática que los ciudadanos de las comunidades forales, el País Vasco y Navarra, reciben un gasto público per cápita mucho mayor que la media del resto de autonomías, curiosamente porque tiene un concierto económico. Y, pese a algunas voces que han ido surgiendo en los últimos años, favorables a una aproximación fiscal entre las comunidades forales y el resto –el ex president Pasqual Maragall fue uno de los primeros en proponerlo– ni el PP ni el PSOE lo han situado nunca sobre la mesa.

Montoro, en todo caso, quería rechazar el agravio catalán basado en las balanzas fiscales, que se ha convertido en la principal baza del soberanismo catalán. Según el ministro, “las balanzas fiscales no puede ser nunca motivo de divorcio económico ni mucho menos de divorcio político, y el resultado depende del método que se utilice”. De hecho, el propio concepto y los métodos de cálculo pueden ser discutibles.

Financiación equivalente para todos

El objetivo del Gobierno del PP es pone en pie un modelo de financiación que pueda ser duradero, que se entienda, y que sea muy transparente. La idea es estudiar las diferencias de los costes de los servicios públicos para cada ciudadano, y, posteriormente, lograr “una financiación equivalente para todos”, al margen del territorio en el que vivan.

Por ello, el ministro ha rechazado que el déficit fiscal de Catalunya alcance los 16.000 millones de euros, como calculó el Govern de Artur Mas, y que equivale al 8% del PIB catalán. “Dicen que con la independencia llegarían 16.000 millones de euros más, pero no es cierto, porque eso depende de la evolución de la economía y de la recaudación, y no se puede afirmar nada sin tener en cuenta el escenario económico global”.

El PP busca racionalizar el debate, aunque el Gobierno sabe, y los propios dirigentes del partido, que Catalunya, en su conjunto, aporta más de lo que recibe, una situación, en todo caso, que se produce en la mayoría de países del mundo, que cuentan con diferencias territoriales.

El dinero del FLA

La otra pata del discurso económico del PP, para tratar de combatir el impulso del movimiento independentista es el cálculo de las ayudas financieras a la Generalitat. Montoro ha admitido, como él mismo dijo hace unos meses, que Catalunya será decisiva para que España salga de la crisis. Pero ha negado que las ayudas a través del Fondo de Liquidación Autonómica (FLA) y del fondo de proveedores sean recursos que los catalanes ya han pagado antes, como defienden los nacionalistas.

“El Estado acude a los mercados para tomar deuda en mejores condiciones, que es la que permite a los proveedores el cobro, en especial los de sanidad y farmacia, pero también los de educación y servicios sociales”, ha señalado.

El próximo mes, según Montoro, el Gobierno pagará 2.400 millones de euros a los proveedores de la Generalitat del total de 8.000 que pagará al conjunto del país. Y, para dejar claro que el problema es de todos, ha recordado que la imposibilidad de la Generalitat de Catalunya para acudir a los mercados es la misma que tiene Valencia, Murcia, Baleares, o Castilla-La Mancha.

¿Un arma suficiente?

Esta es la cesta del Gobierno del PP, a la espera de que Mariano Rajoy traslade este sábado un mensaje político algo más nítido.

El problema, como apuntaba un empresario en la convención política del PP, es si es un bagaje suficiente para cambiar la situación en Catalunya. El movimiento independentista ya ha decidido, y sigue muy activo, junto al Govern de Artur Mas, al margen de todos los datos que se le presenten.