El alcalde de Tarragona está imputado por ocho delitos
El juez del caso Inipro mantiene la imputación del alcalde de Tarragona, el socialista Josep Fèlix Ballesteros, tras cerrar la instrucción del sumario
Un juzgado de Tarragona ha cerrado la instrucción del caso Inipro y mantiene al alcalde de esta ciudad, el socialista Josep Fèlix Ballesteros, entre los investigados. Este caso se centra en una supuesta trama corrupta de contratos de servicios sociales municipales.
Según el auto de apertura de procedimiento abreviado, el juez considera que hay indicios de que Ballesteros ha cometido, presuntamente, ocho delitos: malversación, prevaricación, cohecho, alteración de precios en concursos públicos, falsedad documental, tráfico de influencias, fraude y abuso en el ejercicio de la función pública. También se investiga a una de sus concejales, la socialista Begoña Floria, por otros presuntos cinco delitos.
De los 16 investigados iniciales, quince siguen encausados. La excepción es un empresario fallecido, precisamente el fundador del grupo Iniciatives i Programes (Inipro). También figuran como investigados la exconcejal Victòria Pelegrin (PSC); el ex jefe de gabinete de alcaldía Gustavo Cuadrado, y el ex gerente del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) Antonio Muñoz.
El resto son empleados de Inipro. Esta empresa fue contratada por el IMSS para dar un servicio de atención a los inmigrantes cuando, según las sospechas del juez, se dedicaron a promocionar a Ballesteros.
El abogado David Rocamora, defensor de Ballesteros, ha insistido en la “inocencia” de su cliente y ha anunciado que apelará el auto judicial.
La CUP exige la dimisión de Ballesteros
Por el contrario, la denunciante y actual portavoz del grupo municipal de la CUP, Laia Estrada, considera que el auto confirma que el PSC actuó como un “cacique”. La CUP exige la dimisión de Ballesteros.
Estrada denunció, a raíz de las quejas públicas de los trabajadores del IMSS, que este organismo había contratado a la empresa Inipro en el 2010 y que prorrogó su contrato el 2011 y 2012 de forma irregular. Se abonó a Inipro un importe de 215.000 euros repartido en 21 facturas.
Según la defensa, Ballesteros autorizó los pagos porque, de no hacerlo, cometería un delito de enriquecimiento injusto. Sin embargo, el juez considera que los trabajos no están acreditados y que fue un sistema tejido “en beneficio del PSC”.
Bajo el paraguas de Inipro, “personas determinadas, afiliadas o simpatizantes” del PSC cobraron dinero público por hacer “de forma remunerada actividades de naturaleza política a cargo de los presupuestos municipales”, según el juez.
