El juez del caso Inipro estrecha el círculo sobre el PSC

El juez del caso Inipro ha puesto el turbo. En un año, el magistrado Joaquín Elías Gadea, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona, ha tomado declaración a los catorce investigados (imputados) de esta causa, comenzando por el alcalde de la ciudad, el socialista Josep Fèlix Ballesteros, y acabando por la portavoz de su grupo municipal, Begoña Floria. Por las preguntas que les ha formulado, el juez instructor apunta a la financiación irregular del PSC.

En enero del año pasado, declaró Ballesteros, y hace unos días, lo hizo Floria y el ex jefe del gabinete de alcaldía, Gustavo Cuadrado, éste último por segunda vez. En los medios judiciales y periodísticos de Tarragona se sitúa a Cuadrado en el centro de la trama. En sus dos declaraciones judiciales, Cuadrado ha exculpado al alcalde Ballesteros, miembro de la ejecutiva del PSC, del que ha dicho que estaba al margen. No obstante, en su momento, el juez preguntó a Ballesteros porque su firma aparecía en veintiún contratos de Inipro sin el visto bueno del interventor municipal.

Inipro es una sociedad con sede en Viladecans (Barcelona) especializada en la prestación de servicios a ayuntamientos que, básicamente, ha trabajado para corporaciones socialistas. Su fundador, Ricard Campà, histórico militante del partido, falleció en octubre pasado. También estaba imputado. El llamado caso Inipro pivota sobre los ayuntamientos socialistas de Tarragona y Viladecans. En mayo del año pasado, la Guardia Civil registró dependencias municipales de estas localidades y detuvo al primer teniente de alcalde de Viladecans, Joaquín Guerrero. Los alcaldes de estas localidades, Josep Fèlix Ballesteros y Carles Ruiz, ambos en la ejecutiva del PSC, ven como sus principales colaboradores cargan con todas las posibles responsabilidades. Son cortafuegos. A diferencia de Ballesteros, Ruiz nunca ha figurado entre los investigados.

Dos investigados declaran por unos correos comprometedores

Los últimos interrogatorios de Begoña Floria y Gustavo Cuadrado, el ex jefe de gabinete de la alcaldía de Tarragona, se centraron en los correos electrónicos que se enviaron sobre la puesta en marcha de un grupo llamado «PSC Ciberactivistas Ballesteros», que se encargaba de la campaña del candidato socialista a través de las redes sociales. Tres de sus miembros eran empleados de Inipro. Después de declarar ante el juez, Floria aseguró a los periodistas que estos empleados no cobraron por su función de «ciberactivistas» porque la desempeñaron como voluntarios.

El Ayuntamiento de Tarragona contrató Inipro entre los años 2008 y 2011 para fomentar el asociacionismo entre los colectivos de inmigrantes. No obstante, el juez sospecha que no se prestaron estos servicios. En un auto del pasado noviembre, el instructor declaró al PSC como «participe a título lucrativo». Estima que este partido se benefició de 337.168 euros, que es el importe de los contratos presuntamente amañados con la empresa Inipro.

Una parte del sumario todavía está bajo secreto

El juez Elías está estrechando el círculo sobre el PSC. En los medios tarraconenses se apunta que está apunto de cerrar el sumario. En cambio, fuentes de su juzgado precisan a Economía Digital que todas las tramas del caso forman parte de una causa única, una parte de la cual todavía está bajo secreto. Por este motivo, no avanzan si quedan actuaciones pendientes.

El caso Inipro arranca de una denuncia que presentó la CUP ante la Oficina Antifraude de Cataluña en 2013. Posteriormente, la Fiscalía asumió el caso y de su instrucción se encargó el juez Elías. Para el PSC, pude ser una bomba de relojería, aunque de momento no ha desgastado al alcalde Ballesteros. Poco después de ser imputado, en febrero del año pasado firmó un pacto de gobierno con los concejales de Unió y con los del PP, entonces liderados por Alejandro Fernández, actual portavoz del grupo popular en el parlamento catalán.