La Academia Norteamericana de la Lengua Española también critica la ley Celaá

El estupor por la reforma educativa que margina al castellano de la enseñanza ha cruzado el Atlántico y ha despertado una «profunda preocupación» en la Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE), que se solidariza con la RAE ante la aprobación de la tramitación de la LOMLOE, conocida como Ley Celaá. 

A través de un comunicado, la entidad lingüística ha criticado que el castellano «deja de ser lengua vehicular en la enseñanza» en España. La preocupación por la Ley Celáa «no solo afecta a España sino también a los casi 600 millones de personas que comparten una lengua universal».

El texto rehúye la polémica política, pero se posiciona en contra: «Pertenecemos a la familia de las 23 academias de la lengua española en cuatro continentes (ASALE). Nuestra perspectiva no es política sino académica. No se trata de desconocer otras lenguas ni de imponer una sobre las demás, sino de defender un patrimonio universal y velar por su conservación y desarrollo en todos los ámbitos de la cultura y la sociedad». 

ANLE pide a Sánchez que reflexione sobre su ley

La ANLE reconoce que la RAE «carece de competencia para pronunciarse sobre problemas de constitucionalidad«, aunque eso «eso no impide que haga sentir su voz, avalada por más de tres siglos en defensa de nuestro idioma, para procurar que la reforma legal no cuestione el uso del español en todo su territorio».

Para la academia, la lengua que millones de personas tienen como lengua materna «no es solo vía de comunicación sino también de acceso a la cultura y la ciencia y a todos los aspectos del desarrollo humano».

«Por eso compartimos plenamente la posición de la RAE de ponerse a disposición del Gobierno de su país para prestar el asesoramiento que considere necesario mientras el proyecto de ley se tramita en el Senado», ha sentenciado la ANLE.

La RAE recuerda el patrimonio común del español

La primera entidad lingüística fue la propia Real Academia Española​, que emitió un comunicado donde exigió al Congreso que no se desviara «de la protección que el artículo 3 de la Constitución dispensa al español como lengua oficial del Estado que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho de usar». 

«La RAE carece de competencias para pronunciarse sobre problemas de constitucionalidad, y su preocupación principal es que el futuro texto legal no ponga en cuestión el uso del español en ningún territorio del Estado ni promueva obstáculos para que los ciudadanos puedan ser educados en su lengua materna y accedan a través de ella a la ciencia, a la cultura, o, en general, a los múltiples desarrollos del pensamiento que implica la labor educativa». 

La entidad académica recuerda que todos los ciudadanos de España forman parte «de una comunidad cultural que integran cerca de 600 millones de personas con capacidad para utilizar el español y más de 485 millones que lo tienen como lengua materna. Esta circunstancia convierte al español en un bien de valor incalculable, que es patrimonio común de las naciones y los pueblos que lo usan como lengua de comunicación y de enseñanza».