Ocho empresas pagaban a CDC a cambio de repartirse obra pública
La Guardia Civil concluye que un "cártel" de ocho compañías pactó con la cúpula de Infraestructures de la Cataluña un mecanismo para amañar adjudicaciones
Un grupo de ocho empresas de ingeniería y construcciones se organizó para repartirse adjudicaciones de obras públicas de la Generalitat de Cataluña, presúntamente a cambio de pagos a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). La Guardia Civil ha facilitado un informe a la Audiencia Nacional en la que aporta emails, agendas, datos y testimonios que acreditan el funcionamiento de la trama.
La Guardia Civil, que la semana pasada registró las sedes de las empresas investigadas, integradas en la Asociación de Empresas de Ingeniería y Consultoría Independendientes de Cataluña (Asinca) , concluye que estas se organizaron par formar un «cártel opaco» para conseguir encargos de Infraestructures de Catalunya, la empresa de obra pública de la Generalitat, entre 2011 y 2015.
Es decir, hablamos de un período posterior al estallido del caso Palau que hizo aflorar la llamada trama del 3%. En este caso, la herramienta mediante la que se vehiculaban los pagos a Convergència era la fundación CatDem, que era donde, según los investigadores, hacían los empresarios las donaciones a cambio de los contratos.
Pacto para amañar concursos
El informe, que forma parte del sumario de la nueva y hasta ahora última pieza de investigación sobre el 3%, y cuyo contenido ha revelado este viernes El Periódico, concluye que el director general de Infraestructures, Josep Antoni Rosell, se encargaba de recibir las instrucciones sobre las adjudicaciones del tesorero de CDC y la CatDem, Andreu Viloca, imputado en el caso principal del 3%.
La Guardia Civil se basa en el testimonio de un antiguo trabajador de la empresa pública, Vicente Campalanes, según el cual, Rosell se ocupada de «forzar las valoraciones» y de que «existiese garantía» de que el adjudicatario de la obra de turno fuera «al menos uno de los habituales».
Hombre de confianza de Mas
Según la Guardia Civil, el grupo de empresas pactó el funcionamiento de la trama con Rosell y con el presidente de Infraestructures, Joan Lluís Quer, que varios testimonios califican como un hombre de confianza del entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, y que actualmente reside en Chile.
En febrero de 2017, el actual presidente de la compañía pública, Joan Jaume Oms, un hombre de ERC, llevó a la fiscalía documentación interna para denunciar las irregularidades. Poco después, en mayo del año pasado, Infraestructures despidió al que había sido jefe de la Oficina Técnica de Evaluación de la compañía, Jaume Cortasa, después de que confesara haber amañado adjudicaciones para favorecer a determinadas empresas, según publicó entonces El País.
Ahora, el informe entregado al juez José de la Mata, en línea con aquella confesión, relata que las empresas implicadas «llegaron a pactar las normas o directrices a seguir cuando optasen a licitaciones de ciertas administraciones on el objetivo de evitar competir entre ellos y así obtener un contrato más beneficioso», y añade que el pacto se extendió a otros organismos públicos más allá de Infraestructures, como el Ayuntamiento de Barcelona (entonces en manos de CiU), el Servei Territorial de Carreteres, Ferrocarrils de la Generalitat, la Agència Catalana de l’Aigua, Aigües Ter-Llobregat, Aigües de Tarragona y Regs de Catalunya.
Ocho expedientes bajo la lupa
Los investigadores incluyen al análisis de ocho expedientes de obras adjudicadas por Infraestructures a las empresas bajo sospecha, entre las cuales algunas cuyos anuncios de licitación fueron encontrados en el registro del despacho de Viloca. Entre los encargos, está la mejora de la carretera C-66 entre Bordils y Medinyà, que ganaron dos de las compañías investigadas pese a que había otras 22 ofertas económicas mejores que la suya.
En algunos casos, la Guardia Civil ya ha encontrado coincidencias entre la licitación de una obra y una donación a la CatDem, que junto con otra fundación de CDC, Fòrum Barcelona, ingresó 16,9 millones de euros entre 2012 y 2015, la mayoría, provenientes de donaciones de empresas.
