La Guardia Civil registra empresas catalanas por el 3%

La Guardia Civil registra desde primera hora de este martes las sedes de Infraestructures.cat (GISA) la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) en el marco de la investigación de la Audiencia Nacional sobre el caso 3 %, relativo a la supuesta financiación irregular de desaparecida Convergència Democràtica de Cataluña (CDC).

Según informaron a Efe fuentes cercanas a la investigación, los registros se están llevando a cabo, además de de GISA y de la ACCO, en siete empresas privadas: la Asociación de Empresas de Ingeniería y Consultorías independientes de Cataluña, GP Group SA, Audingintraesa SA, BAC Engineering Consultancy Group SL, Euro Geotécnica SA , Ayesa Ingeniería y DOPEC SL.

Además, el instituto armado ha requerido información en la central corporativa de la ingeniería vasca Sener, en Getxo (Vizcaya), sobre la participación de la compañía en la construcción del AVE en Cataluña.

La operación está coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional. Su titular es el magistrado José de la Mata, que también instruye el caso Pujol.

Un organismo de la Generalitat en el punto de mira

En la operación desplegada este martes se investiga la ACCO, un organismo de la Generalitat que vela por la competencia. También a un grupo de empresas que supuestamente pactaron con la Generalitat las condiciones de concursos públicos. De esta manera, se asegurarían márgenes de beneficios superiores.

La investigación arranca de la documentación intervenida en 2015 en el registro de Infraestructures.cat, en el epicentro de la trama del 3 %, donde la Guardia Civil intervino correos electrónicos de una cuenta denominada «nuriabofill», con copia a empresarios del sector privado, que despertaron las sospechas de los investigadores.

Del análisis de estos correos, los investigadores infirieron la existencia de un pacto entre un grupo de empresas privadas con empresas públicas, como GISA, REGSA, ATLL o BIMSA, entre otras, para excluir de la adjudicación de obras, mediante la alteración de las ofertas, a las compañías que no formasen parte de este supuesto pacto ilícito.

De esta forma, las empresas vinculadas a este supuesto pacto habrían acordado con la Generalitat repartirse licitaciones, lo que ahora se trata de corroborar mediante la documentación requerida hoy a estas compañías y en la sede de la ACCO.

Germà Gordó está en el punto de mira

Las investigaciones realizadas en los últimos meses apuntarían a Germà Gordó, exconsejero de Justicia de la Generalitat que, con anterioridad, ocupó altas responsabilidades en la maquinaria de Convergència.

El juez De la Mata imputó con anterioridad a diversos empresarios por el supuesto amaño de concursos públicos. En junio pasado, los antiguos responsables económicos del Convèrgencia admitieron en la Audiencia Nacional que no había ningún filtro para controlar las donaciones que entraban a las fundaciones convergentes Catdem y Fòrum Barcelona.