Vox tiene todo el derecho a preferir que nos gobierne Sánchez y Puigdemont a que lo haga Feijóo

Vox tiene todo el derecho a preferir que nos gobierne Pedro Sánchez en connivencia con Carles Puigdemont a que lo haga Alberto Núñez Feijóo. Al fin y al cabo, no está escrito que sea obligatorio para la derecha, ni si quiera prioritario, debilitar hasta el desalojo al actual Ejecutivo de PSOE y Sumar. Pero al menos es bueno aceptar colectivamente que las acciones que está tomando el partido de Santiago Abascal conducen diáfanamente a la eternización del bloque de progreso a los mandos de España. Es más, la tentación de Pedro Sánchez de convocar elecciones generales es hoy un poquito más intensa.

Abascal ha decidido que Vox debe abandonar todos los gobiernos autonómicos en los que está en coalición con el PP: Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón, Baleares, Extremadura… Lo hace tras el acuerdo entre los populares y el PSOE para una repartición de los menores no acompañados (menas) que están en Canarias. Vox está a un paso así de sacrificar las mayorías de gestión acumuladas inesperadamente por la derecha tras las elecciones autonómicas de mayo del 2023, y en las que de poco no queda el PSOE borrado de la faz de las CCAA.

Vox dinamita la gobernabilidad

Dinamitar los gobiernos de coalición PP-Vox es eliminar la mejor herramienta que tenía la derecha para contrastar políticas con las de la coalición de izquierdas de Sánchez y Yolanda Díaz y elevarse por encima del siempre limitado alcance que supone ser solo oposición. Las autonomías conservadoras están poniendo en marcha iniciativas interesantes en educación, vivienda, fiscalidad, transformación industrial y dinamismo laboral mucho más eficaces que las que está proponiendo la Administración central, secuestrada por un izquierdismo esclerótico y discordante, en la gran mayoría de los casos incapaz de materializarse por las incompatibles sensibilidades sociales y económicas que conforman el llamado bloque de progreso.

Ahora Vox ha decidido que debe suceder algo parecido en los Gobiernos regionales. El discurso oficial de la formación de Santiago Abascal es que solo abandonan los puestos de gestión, pero la verdad es que ya han iniciado un enfrentamiento (odio africano, en algunos casos) que se llevará por delante probablemente las mayorías parlamentarias que permitan, no ya aprobar los Presupuestos, sino sacar adelante iniciativas concretas en las autonomías. Sánchez podrá decirle tranquilamente a Feijóo: «es verdad que yo no gobierno, pero tú, ya, tampoco; yo no he sido capaz de entenderme con siete partidos; pero tú no has podido ni entenderte con uno».

Vox: 400 menas valen más que 10 millones de españoles

Vox tiene todo el derecho a romper esos gobiernos regionales por lo que considera una «traición» del equipo de Feijóo y los barones populares, pese a dejar en la ingobernabilidad autonómica a más de 10 millones de españoles, por una exagerada reacción al reparto (dentro de España, hay que señalar), de 400 inmigrantes menores. Tenemos que entender entonces que la distancia ideológica que sufre Vox frente al PP es más gravosa e insoportable que la permanencia de Pedro Sánchez y su gente al frente del país, porque esa es la elección que han hecho.

Podríamos ser malpensados y pensar que este desparrame de Vox es un histriónico postureo frente al ascenso de Alvise en España. Pero eso supondría que Vox encabeza ya el pelotón de los políticos egoístas y sin escrúpulos, perfectamente capaces de perjudicar a la ciudadanía y las instituciones en aras del propio beneficio político, como hace Pedro Sánchez. Pero no pensaremos eso y creeremos que efectivamente no pueden tolerar un Feijóo (casi) socialdemócrata, con una política migratoria básicamente de izquierdas, y solícito cuando el Gobierno lo requiere.

Es probable que tenga razón y que estas posturas del PP sean difíciles de conjugar con Vox. Pero entonces habrá que asumir también que Vox ya no es el mismo partido que hace apenas dos años, cuando Abascal decía compartir con el PP objetivo: echar a Sánchez. «Estamos obligados a entendernos», le decía a Feijóo. Parece que ya no.