¿Tienes un coche con etiqueta B o C? Prepárate para esta mala noticia

A partir de 2025, las prohibiciones de uso a coches se ampliarán por España debido a la nueva normativa medioambiental que los ayuntamientos irán aprobando para regular sus Zonas de Bajas Emisiones obligatorias.

Según la normativa establecida por el Gobierno, a partir de 2023, todos los municipios con más de 50.000 habitantes están obligados a implementar estas zonas. El objetivo es limitar el acceso de vehículos más contaminantes, promoviendo así una movilidad más sostenible.

La cuestión es que los vehículos afectados ya no son solo los que no disponen de etiqueta, sino que los de pegatina B y C ya comienzan a sufrir restricciones.

Nuevas restricciones para vehículos B y C

Los vehículos con etiquetas B (vehículos de gasolina matriculados entre 2000 y 2006 y diésel entre 2006 y 2014) y C (vehículos de gasolina matriculados a partir de 2006 y diésel a partir de 2014) podían circular sin mayores problemas en la mayoría de las ZBE.

Algunas ciudades han comenzado a limitar el acceso de estos vehículos durante las horas de mayor afluencia de tráfico, o en áreas especialmente sensibles desde el punto de vista medioambiental. Además, se están estableciendo días específicos de prohibición para estos vehículos, dependiendo de los niveles de contaminación registrados.

En ciudades como Madrid y Barcelona, donde las ZBE están más desarrolladas, ya se han implementado limitaciones adicionales para vehículos con etiquetas B y C. Por ejemplo, en Madrid, el plan Madrid 360 contempla restricciones progresivas para estos vehículos, que se intensificarán en 2024.

En Barcelona, la ZBE Rondes ya limita el acceso de vehículos con etiqueta B en días de alta contaminación, y se espera que las restricciones se amplíen en los próximos meses, pudiendo llegar a ser prohibidos para siempre.

Estas nuevas restricciones están generando incertidumbre entre los conductores, especialmente entre aquellos que poseen vehículos con etiquetas B y C. Muchos conductores se ven obligados a considerar la renovación de sus vehículos hacia modelos menos contaminantes o eléctricos, lo que implica un coste significativo.