El SEPE exige a una trabajadora que devuelva 9.500 euros por haber simulado su despido: el TSJ le da la razón

En un fallo reciente, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha confirmado que una trabajadora deberá devolver más de 9.400 euros que cobró entre 2019 y 2020 al percibir prestaciones por desempleo tras un despido que los tribunales consideran simulado. La decisión se basa en que la mujer, al finalizar su relación laboral con la empresa, ideó un despido falso para poder acceder a las ayudas económicas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

El origen de esta disputa se encuentra en los hechos ocurridos entre 2019 y 2020, cuando la trabajadora comenzó a cobrar prestaciones por desempleo tras ser supuestamente despedida de su trabajo. Según la versión inicial, su despido se produjo debido a su negativa a realizar turnos nocturnos, lo que habría motivado faltas disciplinarias en la empresa. Sin embargo, lo que parecía un caso habitual de despido se convirtió en un escándalo cuando, meses después, en octubre de 2020, la trabajadora regresó a la misma empresa.

Este regreso levantó las sospechas de la Inspección de Trabajo, que descubrió que la extinción de la relación laboral había sido simulada. Según la Inspección, no se cumplían los requisitos establecidos por la ley para que el despido fuera considerado como real y efectivo, un requisito esencial para poder acceder a las prestaciones por desempleo.

La simulación descubierta

Una vez detectada la irregularidad, en diciembre de 2022, el SEPE decidió revocar las prestaciones por desempleo y exigir la devolución de los 9.475 euros que la trabajadora había cobrado durante el periodo de simulación. La mujer, al sentirse injustamente tratada, recurrió la sanción judicialmente, pero tanto el Juzgado de lo Social número 3 de Oviedo como el propio TSJA ratificaron la decisión del SEPE.

El TSJA destacó que la simulación de la extinción laboral constituía una infracción grave, ya que el acceso a las prestaciones por desempleo requiere que el trabajador se encuentre en una situación real de desempleo. Al haber colaborado con su empleador para simular el despido, la trabajadora incurrió en un fraude que afecta a los recursos públicos y socava la confianza en el sistema de ayudas sociales.

Sin embargo, no todo ha sido desfavorable para la trabajadora. En cuanto a los 2.600 euros adicionales que cobró en otro periodo de desempleo, el TSJA resolvió que esos pagos no estaban vinculados con el despido simulado. Esos importes fueron relacionados con un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) legítimo, por lo que la trabajadora no tendrá que devolverlos.

En este aspecto, los jueces consideraron que no existió connivencia entre la empresa y la trabajadora en cuanto a los periodos de ERTE, ya que estos expedientes fueron conformes a la ley y no se demostraron irregularidades en su tramitación.

Una lección sobre la importancia de la integridad en el acceso a ayudas

Este caso subraya la importancia de la transparencia y la honestidad en los procesos de acceso a ayudas públicas, como las prestaciones por desempleo. Las autoridades laborales y el SEPE cuentan con mecanismos rigurosos para verificar que los trabajadores cumplen con los requisitos legales para percibir estos beneficios. En este caso, la connivencia entre la trabajadora y su empleador para simular un despido y obtener prestaciones de forma fraudulenta se consideró una infracción grave, lo que ha derivado en la devolución de los 9.500 euros.

Este incidente también pone en evidencia la función de la Inspección de Trabajo y su capacidad para detectar irregularidades. A pesar de los intentos por ocultar la simulación, las autoridades lograron rastrear la falsedad de los hechos y garantizar que los fondos públicos se usen adecuadamente.

Impacto en la relación entre empleados y empresas

Este fallo judicial podría tener repercusiones importantes tanto para empleados como para empleadores, quienes deben ser conscientes de las consecuencias legales que pueden derivarse de prácticas fraudulentas o malintencionadas. Las empresas deben actuar con integridad en la gestión de sus relaciones laborales, y los trabajadores deben asegurarse de que las causas de su despido sean legítimas y verificables, para evitar situaciones legales comprometidas.

Por otro lado, los trabajadores que se enfrenten a dificultades laborales deben ser conscientes de que las ayudas por desempleo están diseñadas para proteger a quienes realmente las necesitan y no deben ser usadas de forma inapropiada. Este tipo de fraudes no solo afectan a quienes los cometen, sino que también perjudican a otros ciudadanos que legítimamente dependen de estos beneficios en momentos de necesidad.

El caso de esta trabajadora demuestra que el sistema de prestaciones por desempleo está vigilado por las autoridades competentes y que los fraudes, como la simulación de despidos, son perseguidos de forma firme. Aunque la trabajadora ha logrado evitar la devolución de parte de los pagos, el SEPE ha conseguido que devuelva los 9.500 euros que percibió indebidamente. Esto actúa como un recordatorio de la importancia de la legalidad y la honestidad en el ámbito laboral, tanto para trabajadores como para empleadores.