Sánchez entrega a la Generalitat las competencias en inmigración y endurece las salidas de empresas de Cataluña

Nueva batería de cesiones del Gobierno para obtener el apoyo de los independentistas, en este caso, para la tramitación del decreto Ley ómnibus. Junts per Cataluña, la formación liderada por Carles Puigdemont desde Bruselas, se ha ausentado de la votación, permitiendo que las normas de Pedro Sánchez salieran adelante, a cambio, entre otras cosas, de la cesión de las competencias integrales en política de inmigración para la Generalitat en Cataluña; de la derogación del ‘decreto Guindos’ de 2017 que facilita el traslado de sede social de las compañías, y el reconocimiento de «los derechos históricos» del régimen local en Cataluña, según un comunicado de la formación separatista. Todo ello, a pocas semanas desde que echara a andar la legislatura.

Con estas nuevas cesiones a los nacionalistas, el Gobierno de Sánchez obtiene una victoria, una derrota y un empate en el pleno del Congreso, que ha votado diversos decretos. La decisión de Junts de no votar ha logrado que el decreto-ómnibus, que implica la modernización de la Justicia, haya salido adelante por 172 votos por el sí y 171 votos por el no.

El rechazo de Podemos a la reforma del subsidio al desempleo, como era previsible, llevó al rechazo de este decreto por 176 noes y 167 síes.

Y el tercero, el paquete de medidas anticrisis, tras la repetición de la votación por empate, el Gobierno ha conseguido 172 votos a favor, 171 en contra y la abstención de los siete diputados de Junts. 

Tras el primer empate, el Gobierno también ha conseguido sacar adelante los objetivos de estabilidad presupuestaria de deuda pública con 179 votos a favor y 171 en contra. 

La abstención de Junts

La abstención de Junts fue por la delegación de las competencias sobre inmigración en la Generalitat, que irá acompañada de los recursos necesarios y «permitirá en Cataluña hacer una política integral, para que sea el Gobierno y el Parlamento de Cataluña quienes determinen una política propia, adecuada a las necesidades y a la realidad de nuestro país».

El acuerdo con el PSOE también incluye la supresión del artículo 43 Bis de la Ley de Enjuiciamiento civil, que amenazaba la viabilidad de la futura ley de amnistía.

Otros acuerdos que ha logrado Junts son la publicación inmediata de los datos oficiales para calcular las balanzas fiscales, la reforma de la ley de sociedades de capital mediante Consejo de Ministros para revertir el RD del PP el 2017 y que las empresas puedan volver a Cataluña, el IVA del aceite al 0%, la multiplicación por 5 el dinero previsto para la digitalización de la administración de justicia (al pasar de 1,2 M€ a 6,2 M€), que
el Estado asumirá la totalidad del coste sobre los descuentos y las bonificaciones del precio del transporte público, y que «se reconozcan los derechos históricos de Cataluña en materia de régimen local».

Con la ausencia de los siete diputados de Junts quedó en un limbo el decreto anticrisis con el que el Gobierno contemplaba la subida de las pensiones, la rebaja del IVA para alimentos básicos o la bonificación en el transporte público.

El decreto anticrisis

El decreto anticrisis incluye la gratuidad durante todo 2024 del Cercanías y los trenes de media distancia o la aportación estatal del 30 % de la tarifa de los billetes de transporte urbano e interurbano.

También recoge la progresiva normalización de los impuestos energéticos, con un IVA del gas que será del 10 % en el primer trimestre antes de volver al habitual 21 %, mientras que el de la electricidad se mantendría en el 10 % todo el año. El impuesto especial de electricidad y el de generación eléctrica también preveía recuperar progresivamente sus tarifas habituales.

El temor de los independentistas

Los independentistas finalmente allanaron el camino para modernizar la Justicia. Si bien no expresaron sus razones en el debate, habían adelantado su rechazo porque consideran que la modificación del artículo 43 bis frenaría los alcances de la ley de amnistía.

Más concretamente, recelan que ese cambio permitirá dejar en suspenso una causa judicial cuando se presente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Los independentistas temen que algún juez recurra al tribunal europeo para bloquear la aplicación de la ley de amnistía que se está tramitando en el Parlamento.

Este decreto es clave para desbloquear la llegada de 10.000 millones de euros de los fondos europeos.

En el estrado, la portavoz Míriam Nogueras había criticado varios puntos del decreto anticrisis.

La portavoz de Junts observó que no se incremente el impuesto especial de la electricidad, en «reparar» las consecuencias de la legislación de 2017 que facilitó la salida de empresas de Cataluña, «incentivos fiscales» para las empresas catalanas «que cumplan la ley» o que el transporte público se bonifique financiado «de manera integral» por el Estado español.

Podemos contra la reforma del subsidio al desempleo

Los cinco legisladores de Podemos sí dieron sus votos a los dos primeros decretos, donde fue clave en la negociación la prórroga hasta 2028 la suspensión de los desahucios hipotecarios a familias vulnerables.

Sin embargo, el partido de izquierda ha rechazado el decreto que plantea la reforma de los subsidios a los desempleados.

La razón de su negativa es que, dijeron, el Gobierno no ha accedido a “retirar el recorte” en las pensiones de las personas que cobran subsidio de 52 años.

«No tenemos un compromiso por escrito de que se fuera a retirar el decreto y de que volviera sin ese recorte, por lo que no podemos votar a favor de ese decreto como era nuestra voluntad», había indicado la líder del partido, Ione Belarra.

Belarra había insistido en que la única manera para garantizar que no se producirá ese recorte a las cotizaciones (que iba a pasar del 125 % al 100 % para los mayores de 52 años) es que se retire el decreto y lo vuelvan a traer sin esa reducción.

Este decreto abordaba la reforma del subsidio de desempleo para elevarlo de 480 euros a 570 euros en los primeros seis meses y a 540 euros los seis siguientes. Y hacerlo compatible con el trabajo durante los primeros 180 días.

Qué pasa si no se aprueba un decreto

En caso de no convalidarse en el Congreso, las medidas que incluye y que ya están en marcha, decaen, aunque no los efectos que hayan producido.

En tanto, el Ejecutivo tendrá que presentarlas de nuevo como proyecto de ley, con el consiguiente retraso y con la posibilidad de que los grupos parlamentarios introduzcan modificaciones vía enmiendas.

Otra posibilidad, con la que el Gobierno está tratando de salvar la votación, es que, se apruebe la convalidación y en la misma sesión se apruebe la tramitación de los decretos como proyecto de ley para que los grupos puedan presentar enmiendas y negociar en ese trámite algunos cambios.