Estos son los ingresos de Hacienda procedentes de herencias sin herederos

El Estado puede reclamar parte o la totalidad de los bienes de una herencia cuando no existen o no se encuentran los herederos legales

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Fachada de Hacienda

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Una herencia yacente es un conjunto de bienes o de propiedades que han sido dejados por una persona fallecida, pero que aún no han sido reclamados por sus herederos legítimos. En ese periodo, no tienen titular, hasta la aceptación o el rechazo de la herencia.

En el caso de que nadie reclame los bienes o no se encuentre a los herederos, la legislación establece que los ciudadanos conocedores de estos casos pueden denunciarlo ante la Administración Pública. Si la denuncia es correcta, los bienes se los queda el Estado, pero asignará una parte al denunciante como recompensa, un 10% del valor de la herencia denunciada.

Se trata del llamado derecho a premio, que permite que la autoridad pueda reclamar parte o la totalidad de los bienes de una herencia cuando no existen o no se encuentran los herederos legales, con el objetivo de administrarlos y dedicarlos a fines públicos o benéficos.

El objetivo de este derecho es prevenir la acumulación de propiedades desocupadas o sin dueño aparente, así como evitar situaciones en las que bienes valiosos se deterioren con el tiempo por la falta de cuidado y atención.

También se busca cumplir una función social destinando recursos a causas caritativas, proyectos de infraestructuras o programas de ayuda comunitaria, promoviendo el bienestar general de toda la población.

Los ingresos de Hacienda

Gracias a este método, según los datos del Ministerio de Hacienda, publicados por Newtral, la Administración Pública ingresó un importe neto de 18.119.115 euros entre 2019 y 2023. El importe líquido fue de 18.899.169 euros.

En cuanto a las recompensas ofrecidas a los ciudadanos, se han otorgado 780.053 euros. Esta cifra es menor al 10% del total de las herencias, porque la ley excluye aquellas personas que hayan notificado la herencia habiéndola conocido por razón de su cargo o empleo público.

Por comunidades, Madrid lidera las herencias que se acaba quedando Hacienda, con 7,35 millones de euros en los últimos años, de un total de 33 legados. De ahí se han otorgado como premio 335.477 euros. Le sigue Andalucía, con 3,57 millones de euros de 51 herencias, de los que se ha recompensado a la ciudadanía con 84.077 euros.

Asimismo, a estos ingresos de Hacienda hay que sumarle 2.278.115 euros de personas que legaron voluntariamente sus bienes al Estado, provenientes de cuentas corrientes, fondos de inversión, liquidación de acciones, seguros de vida y bienes inmuebles.

Cómo denunciar una herencia al Estado

Para denunciar una herencia sin herederos, el interesado tiene que demostrar que el fallecido no tiene familiares de hasta el cuarto grado de consanguineidad, además de conocer todos los bienes del difunto. Por ello, tiene que aportar los siguientes documentos:

Personas firmando una herencia.
Si se encuentran familiares con derecho a la herencia, el denunciante perderá su recompensa. Foto: Freepik
  • Certificado de defunción, expedido por el Registro Civil competente.
  • Procedencia de la sucesión mediante el certificado del Registro de Últimas Voluntades.
  • Todos los documentos extra que se puedan utilizar para la investigación.
  • Relación de los bienes del fallecido, expedida por el Registro de la Propiedad, cuentas bancarias, etc.

Una vez presentada toda la documentación a Hacienda, se iniciará una investigación exhaustiva por parte de la Administración competente para estudiar los derechos hereditarios y hacer todas las comprobaciones necesarias para determinar los derechos del Estado sobre la herencia.

Se trata de un procedimiento complicado y, si se encuentran familiares con derecho al legado, el denunciante perderá su recompensa. Una situación que sucede en más del 95% de los casos denunciados.

En cambio, si finalmente la administración investiga y concluye que no hay herederos legítimos, se emite una declaración administrativa de herederos a favor del Estado y se decide el premio al denunciante. El pago le puede llegar entre cinco y ocho años después.

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