El CPGJ acusa a García Ortiz de haber hecho un “uso espurio” de sus facultades como Fiscal General

Los ocho vocales que votaron en contra de renovación de Álvaro García Ortiz como fiscal general de Estado lo han criticado duramente en el informe que justifican su decisión, en el que afirman que ha hecho un “uso espurio” de sus potestades y que no ha defendido a los fiscales acusados de lawfare.

En el informe que elaboraron los cho vocales conservadores se precisa que García Ortiz no es la “persona idónea” para ejercer en el cargo que ocupa desde hace dos años debido a “la deficiente legalidad en la gestión administrativa de la Fiscalía”.

Criticas a los nombramientos de García Ortiz

En este punto los miembros del Pleno recuerdan el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala, que había sido impulsado por García Ortiz y luego frenado por el Supremo, donde coinciden con ese organismo judicial que “se había incurrido en el vicio de desviación de poder”.

Tras describir la relación de confianza entre García Ortiz y Delgado que ponía en duda la independencia en el nombramiento (calificada de do ut des –doy para que des-), los vocales afirman “No parece que quien hace una utilización tan espuria de las importantes potestades que se confieren al FGE pueda considerarse idóneo para su nombramiento”.

Favoritismo en las designaciones

Pero esta no es la única designación que critican los miembros del CGPJ: también recuerdan que en poco más de un año la Fiscalía ha realizado 33 nombramientos discrecionales, de los que “22 lo han sido en miembros de la carrera asociados a la Unión Progresistas de Fiscales”.

Para dar una idea proporcional, en el informe se señala que esta entidad cuenta con 200 asociados de un cuerpo de 2.700 juristas. “Es decir, del 7,4% de la carrera se han nombrado el 66.6% de los cargos discrecionales”.

“Concluir de esas magnitudes que los miembros de una concreta asociación minoritaria tienen ese grado de excelencia y que los que no pertenecen a ninguna asociación merecen un ostracismo para acceder a la cúpula judicial requiere una justificación muy reforzada que nunca se ha realizado”, aseguran, por lo que puntualizan “No parece, a juicio de este Consejo, que pueda considerarse la idoneidad para el desempeño de FGE a quien ha actuado en materia de nombramientos con tales criterios”.

Falta de defensa ante las acusaciones de ‘lawfare’

Los vocales conservadores del CGPJ subrayaron que en los últimos meses la Fiscalía “ha sido sometida al escarnio público más desaforado que pudiera imaginarse y desconocido en toda nuestra historia judicial”, sobre todo por parte de políticos independentistas, que acusaron a los juristas de malas prácticas judiciales, lo que se conoce como lawfare.

En esta situación, afirman, la actuación de García Ortiz ha sido, “no ya la más absoluta inactividad, sino que, en sus comparecencias públicas, por sus actitudes, ha evidenciado una sintonía con quienes eran los promotores de tales campañas”.

Además, recuerdan cuando las asociaciones de fiscales le instaron a que se pronunciara en defensa de la carrera “y nada se hizo y el candidato propuesto no se ha pronunciado en favor de los fiscales, como era su deber”.