Garamendi (CEOE) y sindicatos rechazan subir el SMI a 1.500 euros como quiere Podemos

Ni la patronal ni los sindicatos están a favor de una de las exigencias de Podemos para revalidar el Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez: elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.500 euros, desde los 1.080 en que se encuentra situado en la actualidad.

Los morados quieren hacer valer sus cinco diputados en la cámara, integrados en el grupo de Sumar -31 diputados-, y sobre todo marcar perfil ante la líder del espacio, Yolanda Díaz, que ha hecho de los incrementos de estas rentas suelo una de sus políticas bandera durante la pasada legislatura. Pero esta pretensión se ha encontrado con una falta de apoyo por parte de los agentes sociales. Para la patronal, un incremento de estas características sería un «problema», en tanto que los sindicatos muestran cautela y se ponen como objetivo la fijación legal del SMI en el 60% del sueldo medio.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha destacado que el salario mínimo ya es muy «dispar» al establecer el mismo umbral para todas las comunidades autónomas, sin tener en cuenta las diferencias regionales. «Te encuentras con diferencias altísimas del coste de la vida entre Barcelona y Madrid con muchas de las comunidades autónomas donde puede estar superando el salario medio«, ha defendido el líder patronal durante una mesa sobre el Diálogo Social organizada por el Colegio de Economistas de Madrid.

CEOE: «Rompería los convenios colectivos»

Una subida así, ha dicho el representante de los empresarios, sería como que el Estado te invitase a cenar «pero pagas tú la cena», dado que los incrementos salariales no han venido acompañados de las necesarias revalorizaciones en los pliegos de contratación pública. «Lo ideal sería que pudiéramos transitar ese salario mínimo dentro del diálogo social de abajo arriba. Creo que [el salario mínimo a 1.500 euros] sería un problema para la economía porque rompería todos los convenios colectivos«, ha alertado Garamendi.

La fijación del salario mínimo es una competencia que el Estatuto de los Trabajadores adjudica al Gobierno, que debe tomar una decisión al respecto previa consulta con los agentes sociales. En este sentido, el presidente de Cepyme y vicepresidente de la CEOE, Gerardo Cuerva, ha recordado que dicha norma también establece que en el cálculo de las retribuciones mínimas habrá de tenerse en cuenta la productividad de la economía, algo que, a su juicio, no se está haciendo.

«Los salarios no debieran corresponder a criterios electoralistas o simplemente de políticas sociales. Un salario debe ser la contraprestación a un trabajo realizado«, ha subrayado el representante de la pequeña y mediana empresa. Cuerva ha reclamado que estos incrementos no se conviertan en «ayudas estructurales», sino que se trabaje para tratar de que «las ayudas para las personas que con sus pírricos sueldos no pueden vivir dignamente fueran coyunturales».

UGT y CCOO: «Instrumento fundamental para la productividad»

La posición de los sindicatos ha distado con mucho de la mostrada por los empresarios, pero tampoco han defendido férreamente la propuesta lanzada por los morados. El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, ha apuntado que no ha leído sobre dicha medida «en ningún programa de partido político con posibilidades de gobierno».

El sindicalista ha defendido que el SMI es «el instrumento fundamental» para mejorar la productividad del país, ya que con unas retribuciones mínimas más elevadas, las empresas están obligadas a una actualización tecnológica que mejorar la productividad de la economía. «Si tuviéramos el salario del 2016, 645 euros, seguramente generaríamos mucho empleo pero a costa de no actualizar el sistema productivo de nuestro país», ha apuntado.

Álvarez se ha mostrado a favor de la propuesta que el PSOE incluyó en su programa electoral y que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, volvió a poner sobre la mesa este fin de semana: vincular por ley los incrementos del SMI al 60% del salario medio, lo que permitiría sacar del debate político estas rentas suelo. De hecho, su sindicato fue el primero en poner encima de la mesa que el año que viene debería situarse en 1.200 euros, de acuerdo con los cálculos de la central.

Por parte de CCOO, el secretario general, Unai Sordo, ha apuntado que los incrementos del SMI pueden funcionar como «incentivos» a la economía: «Es el momento de que la economía española asuma que no se pueden rentabilizar las empresas del futuro en base a salarios por debajo del 60% [del salario medio]».

Sordo ha apuntado que el modelo de bajos salarios «favorece las peores prácticas de externalización» como una forma de ahorro de costes y no de especialización productiva. «Las empresas tendrán que definir que una parte de las actividades que tienen externalizadas igual las tienen que internalizar», ha apuntado.

El debate sobre el SMI ha sido el punto más tenso de una jornada que, por otro lado, ha discurrido con alabanzas por ambas partes (empresarios y trabajadores) de las bondades del diálogo social. En ella se han reivindicado los hitos conseguidos en los últimos años, como la reforma laboral o la ley del teletrabajo, así como el esquema de los ERTE que salvó el empleo durante la pandemia.