Fedea alerta: retrasar la jubilación eleva el riesgo de una mortalidad temprana

Cuando faltan pocos años para acceder a la jubilación, no son pocos los trabajadores que buscan alternativas para avanzar esta etapa vital y poner punto final a su carrera profesional cuanto antes. Sin embargo, otros se decantan por retrasar la jubilación para beneficiarse de las ventajas que brindan las modalidades que dan acceso a una edad más tardía.

Por ejemplo, la jubilación demorada permite obtener un 4% por cada año completo cotizado tras alcanzar la edad legal para acceder a la pensión o bien una cantidad a tanto alzado de hasta 12.000 euros. Otra de las opciones para retrasar la edad de jubilación es la activa, que permite seguir trabajando y cobrar una parte de la prestación pública.

El riesgo de retrasar la jubilación

Retrasar la jubilación, sin embargo, podría acarrear nefastas consecuencias. Una de las principales conclusiones de un estudio elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), concluye que demorar esta etapa vital incrementa el riesgo de una mortalidad temprana. Retrasar un año la salida del mercado laboral eleva «significativamente el riesgo de morir entre los 60 y 69 años, alerta la entidad.

De hecho, el peligro es mayor en los trabajadores que pertenecen a sectores y desempeñan oficios físicamente más exigentes y sujetos a un mayor nivel de estrés emocional y mental. No obstante, incide, el riesgo de mortalidad temprana es «mucho menor» entre los empleados que pueden acceder a la jubilación parcial para recortar sus horas de trabajo a partir de una edad concreta.

El estudio se sirve de un experimento generado por la reforma española de 1967, en la que se modificó la edad de jubilación anticipada en función de la fecha en la que los individuos comenzaron a cotizar al sistema de Seguridad Social. Mientras que quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de enero de 1967 podían jubilarse voluntariamente a partir de los 60 años, el resto había de esperar hasta los 65 años.

Concretamente, analiza los efectos de la reforma sobre la edad de salida del mercado de trabajo y sobre la mortalidad en edades cercanas a la de jubilación en función de las características de los puestos de trabajo y la flexibilidad de la jornada.

Reducción de la esperanza de vida

Otro de los puntos en los que se centra el estudio es en la jubilación anticipada, concretamente, calculan el coste o beneficio social de restringir o eliminar esta opción. Utilizando el valor de un año de vida ajustado por calidad a los 60 años en España, concluye que un aumento de 0,46 años en la edad al morir se traduce en una pérdida social valorable en 8.564 euros por cada individuo.

La reforma, sostiene la entidad, supone un retraso en la salida al mercado laboral que genera una aportación adicional media al sistema de pensiones y unos ingresos fiscales de 1.925 euros. Teniendo en cuenta que conduce a una mortalidad temprana, el ahorro por jubilado para la Seguridad en beneficios de pensión se sitúa en los 3.228 euros.

«Los ahorros fiscales derivados del retraso en la jubilación y la reducción de la duración de los pagos de las pensiones no compensan la pérdida social asociada a la reducción de la esperanza de vida, lo que sugiere que la reforma no es económicamente beneficiosa en el contexto más amplio del bienestar social», recalca el análisis.

Flexibilidad en la jubilación

Tras la elaboración del estudio, la fundación ha destacado la importancia de diseñar las políticas de jubilación teniendo en cuenta sus efectos en la salud de los trabajadores. «Es importante, en particular, tener en cuenta el grado de exigencia física, emocional y mental de las distintas ocupaciones a la hora de fijar las edades mínimas y legales de jubilación, que no pueden ser iguales para todos», hace hincapié.

Por ello, apuesta por la introducción de forma general de mecanismos flexibles de jubilación anticipada y parcial que permitan a los trabajadores modular sus horas de trabajo en la parte final de su carrera laboral.