España no da abasto con tanta droga: abandona 1.188 vehículos, dos aviones y 128 embarcaciones incautados en tres años

España no da abasto para gestionar todos los activos que decomisa en operaciones contra el narcotráfico. En los últimos tres años, se han abandonado 1.188 vehículos, 128 embarcaciones y 2 aeronaves, de acuerdo al último informe anual de la Delegación de Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD). Estos bienes terminan siendo destruidos porque pierden valor con el tiempo y su mantenimiento genera elevados costes.

El Tribunal de Cuentas (TCU), en su informe más reciente sobre el Plan Nacional de Drogas, incide también sobre los bienes decomisados y abandonados. En el mismo advierte la pérdida de tres embarcaciones, que deberían estar en el Puerto de Málaga, y de varias joyas que no han sido localizadas en su caja fuerte.

La Delegación de Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, el órgano encargado de gestionar todos los activos incautados en operativos antidroga y delitos relacionados, admite que no cuenta con el personal ni los recursos suficientes para administrar adecuadamente el fondo de bienes decomisados, el inventario que reúne estos activos.

El delegado de Gobierno de esta institución, Joan Villalbí, señala en una conversación mantenida con este diario, que desde que ocupa el cargo (en 2020) la situación de la DGPNSD ha sido «muy crítica», donde cada año «se jubilaban personas y no eran reemplazadas».

Aunque en 2025 han conseguido incorporar a más empleados, Villabí espera que la plantilla pueda aumentar más todavía, ya que asegura que durante mucho tiempo han funcionado «en mínimos».

En su informe, el TCU recomienda a la Delegación «arbitrar los mecanismos necesarios para la consecución de un sistema que permitiera un mejor seguimiento y control de los bienes decomisados» y poner en marcha medidas para dotarse «de personal suficiente».

Villalbí señala que el fondo de bienes decomisados es un asunto «complejo», ya que la DGPNSD tiene control sobre ellos cuando llega una sentencia firme, es decir, cuando la decisión judicial es definitiva y ya no puede ser apelada ni modificada.

«A veces son 10 o 15 años después cuando el juez decide que estos bienes se integren al fondo de bienes decomisados. O nos llega la sentencia que hace referencia a bienes que a lo mejor se han incautado hace 12 años y recién nos ponemos a buscar donde están», cuenta.

El funcionario afirma que los extravíos ocurren «con cierta frecuencia» debido al tiempo que transcurre entre la incautación del bien y la judicialización del asunto, También recuerda que intervienen distintos actores, como la policía nacional, local, y los juzgados, y a veces es complicado coordinarse entre todos.

Sobre las tres embarcaciones perdidas a las que alude el TCU en su informe, la Delegación indica que dos «se intervinieron en 2015 y fueron objeto de sentencia firme en 2020», aunque después una de ellas no fue integrada al Fondo. Respecto a la tercera, intentaron localizarlo, «pero los esfuerzos fueron infructuosos», confirman en un correo electrónico remitido a Economía Digital.

Villalbí señala que están intentando mejorar la coordinación con los órganos judiciales, aunque su espacio de coordinación está más centrado en destruir las drogas decomisadas.

Desde 1996, la DGPNSD ha destruido más de 23.000 objetos, entre los que destacan 7.421 vehículos y 965 embarcaciones, según su informe 2023.

Propiedades sin destino

El TCU cuenta en su informe que la Delegación intentó más de dos veces vender varios bienes mediante subastas públicas, algo que va en contra del Reglamento del Fondo, el cual establece que tras quedar desierta una subasta ya no es posible convocar otra.

La DGPNSD, por su parte, replica que no se pueden abandonar las propiedades, sobre todo las que se encuentran en zonas «alejadas o en barriadas», debido a que el acuerdo de abandono implica su destrucción.

Villalbí señala que en muchos casos es problemático deshacerse de los bienes inmuebles, ya que algunos no están inscritos en el catastro o porque viven personas en la propiedad.

La falta de destino legal hace que la Delegación siga intentando su venta, sumado a que la normativa sobre el Plan sobre Drogas no especifica qué hacer en esta situación. El Reglamento con el que trabajan es de 2003 que, en resulta, en opinión de Villalví, es «un poco antiguo».

Sobre este punto, el TCU recomienda «impulsar la implantación del procedimiento de subasta electrónica con el fin de ser más eficiente» y llevar acabo actuaciones para actualizar la normativa en esta materia.

Vehículos cesados

Otro de los destinos que pueden tener los bienes muebles es la cesión, es decir, cuando pasan a ser utilizados por otros agentes para frenar su depreciación.

Esto sucede sobre todo con los vehículos incautados. «Los jueces ceden el uso a la policía mientras esté durando el juicio y nosotros, cuando llega la sentencia firme, ratificamos la cesión de forma permanente a la policía que puede ser autonómica, local o nacional», explica el funcionario.

En los tres últimos años, la DGPNSD ha cedido el uso de 95 vehículos y 13 embarcaciones a los ayuntamientos, a la policía autonómica y nacional y a ONG’s.