La DGT lanza un aviso a los propietarios de los patinetes eléctricos

Los conductores de los patinetes eléctricos deben conocer las normas a las que están sujetos para evitar la comisión de infracciones y el desembolso de multas

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Los patinetes eléctricos se han convertido en una opción ideal para desplazarse por la ciudad de forma rápida y fácil. Sin embargo, es crucial conocer las normas a las que están sujetos para evitar la comisión de infracciones y el desembolso de multas.

Precisamente, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha recordado a los conductores de este tipo de vehículos de movilidad personal que próximamente estarán sujetos a una nueva norma.

Seguro obligatorio

Se trata del seguro obligatorio, que los conductores de patinetes eléctricos habrán de llevar si prospera el proyecto de ley que el Consejo de Ministros ha aprobado y que ahora habrá de dar luz verde el Congreso de los Diputados para que se inicie su tramitación parlamentaria.

DGT. Foto: Eduardo Parra / Europa Press
(Foto de ARCHIVO)
03/10/2022
Los conductores de patinetes eléctricos estarán obligados a llevar seguro. Foto: Eduardo Parra / Europa Press.

La norma especifica que deberán contar con el seguro los vehículos a motor que pueden alcanzar una velocidad máxima comprendida entre los 6 km/h y los 25 km/h, en el caso de que su peso no exceda los 25 kg, o bien de entre 6 y 14 km/h si su peso es superior.

También habrán de llevar seguro los vehículos agrícolas o industriales, que hasta ahora estaban exentos y que contarán con un plazo máximo de seis meses desde la publicación de la legislación para contratar el seguro.

De esta manera, el Gobierno se propone «compatibilizar el impulso al transporte urbano sostenible con la protección a las víctimas de accidentes causados por estos nuevos vehículos».

Registro de vehículos ligeros

El Ejecutivo también se propone poner en marcha un registro público de vehículos personales ligeros antes del 2 de enero de 2026, tal y como se desprende del proyecto de ley.

Además, incluye cambios en las indemnizaciones a las víctimas para agilizar el procedimiento de valoración y evitar en la medida de lo posible la vía judicial al permitir acudir a cualquier alternativa extrajudicial de resolución de conflictos.

También facilita informes médicos y atestados policiales de manera gratuita, así como establecer plazos más reducidos de valoración médica y emisión de informes, entre otras medidas.

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