Actualizado
Comentarios
Pedro Sánchez saluda a Pedro Saura, presidente de Correos.
Comentarios
El Gobierno ha colado en un nuevo Real Decreto para aprobar medidas con las que afrontar las consecuencias de la guerra de Ucrania una profunda reestructuración de Correos, con la que el Ejecutivo pretende evitar el riesgo de disolución a corto plazo de la compañía pública española que emplea a más de 50.000 personas.
En el mismo Real Decreto publicado el martes en el BOE en el que se aprueban medidas en materia de pensiones, se prorrogan impuestos a las energéticas y a la banca, o se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026 el control sobre las inversiones extranjeras, el Gobierno de Pedro Sánchez también amplía las competencias de Correos.
El grupo dependiente de la Sepi podrá ofrecer otros servicios más allá de los tradicionalmente desempeñados como operador postal, por los que percibirá una asignación económica.
También se amplía el plazo por el que la compañía presidida por Pedro Saura continuará como operador designado para prestar el Servicios Postal Universal.
Todo ello para evitar, admite el Gobierno, el riesgo de disolución de la compañía pública. En el Real Decreto se explica que los «elevados costes estructurales«, la ausencia de «diversificación de ingresos» y la «excesiva dependencia del servicio postal» condiciona «la viabilidad económico-financiera» de Correos.
El conjunto de medidas aprobadas en el Real Decreto que afectan a Correos «constituye un todo necesario para eludir en el corto plazo el riesgo de disolución de empresa».
Como publicó este diario el pasado mes de julio, las últimas cuentas anuales de Correos advertían de la posibilidad de incurrir en causa de disolución a partir de 2025, tras registrar 120 millones de pérdidas en 2023 y de 217 millones en 2022.
A través del nuevo Real Decreto se obliga a Correos «a prestar Servicios de Interés Económico General (SIEG) de carácter administrativo y financiero (…)», y se regula «el sistema para compensar a Correos por la prestación de esos nuevos servicios (…)».
El Gobierno sostiene en el Real Decreto que Correos, por su «implantación en el territorio» y los medios de los que dispone, «es el instrumento ideal del Estado» para prestar servicios de interés económico general.
Entre esas asignaciones a Correos que enumera el Real Decreto se encuentra la de «la accesibilidad a servicios financieros básicos» y el «acceso universal a la Administración Pública».
El acceso a la Administración Pública incluye «la gestión del pago de tributos y multas» o los pagos «a los beneficiarios de subvenciones y ayudas públicas», entre otros.
Estas nuevas competencias de Correos serán compensadas vía Presupuestos del Estado. El Real Decreto precisa que se establecerá un «contrato-programa plurianual» con las condiciones que justifican su abono.
«A estos efectos», dice el Real Decreto, «se podrá establecer un mecanismo de pagos a cuenta como anticipo para hacer frente a los costes anuales incurridos derivados del SIEG».
El importe de este cobro a cuenta «será fijado anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y será liquidado posteriormente, tras las oportunas comprobaciones».
El Gobierno señala que la aprobación de estas medidas se suman al inicio de la negociación de un «nuevo convenio colectivo» en Correos así como de un «Plan de Personas» que acomode la plantilla «a las necesidades marcadas en el Plan Estratégico 2024-2028».
Hasta ahora, Correos había evitado la situación de desequilibrio patrimonial gracias a las leyes aprobadas en España a raíz de la crisis provocada por la pandemia, que establecieron la exclusión de las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 en la determinación de los fondos propios para el cálculo de la causa de disolución (cuando los fondos propios son inferiores a la mitad del capital social).
Pero para 2025, después de las elevadas pérdidas registradas en los últimos años, y de que en 2023 el importe negativo del fondo de maniobra se disparara, Correos se hubiera situado al borde de la disolución.
