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ACS cae un 9,9% tras el rechazo del Supremo a su reclamación al Estado por la AP-7
El Tribunal Supremo desestima la demanda de Acesa relacionada con los peajes de la autopista AP-7, provocando una caída significativa en las acciones de ACS
Un peaje. EFE/ Quique García
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El Tribunal Supremo ha desestimado gran parte de la reclamación presentada por Acesa, filial de Abertis y concesionaria de la autopista AP-7. La demanda buscaba una compensación de 4.000 millones de euros al Estado por las obras de ampliación de carriles realizadas a partir del año 2006.
En la sentencia fechada el pasado 24 de enero, la sala de lo contencioso ha indicado que procede estimar parcialmente la demanda, específicamente en lo referente a la inclusión de 32.935.342,59 euros como coste de determinadas obras.
ACS cae casi un 10%
El grupo de infraestructuras y servicios se ha desplomado casi un 9,9% en bolsa, lo que supone el mayor retroceso de ACS en un solo día en la última década en el IBEX 35, y ha cerrado en 35,66 euros. En lo que va de año, ACS ha perdido un 11,2%.
El origen del conflicto se remonta al Convenio aprobado en un real decreto entre Acesa y la Administración General del Estado para la modificación de la autopista AP-7 que la empresa explotaba. Este convenio establecía la necesidad de ampliar la autopista debido al aumento sustancial del tráfico, lo que llevó a la construcción de nuevos carriles en tramos específicos y la implementación de un sistema de peaje cerrado en una sección concreta.
Acesa asumió la responsabilidad de ejecutar las inversiones y obras necesarias para la ampliación, con el convenio estableciendo una fórmula para restablecer el equilibrio económico financiero de la concesión.
Sin embargo, tras el vencimiento de la concesión en agosto de 2021, el Consejo de Ministros acordó compensar las obras realizadas con la cantidad de 1.069,9 millones de euros. Esta decisión fue impugnada por Acesa, que reclamó la diferencia, argumentando que la cantidad correcta era de 5.373 millones de euros.
El Tribunal Supremo rechazó la interpretación de Acesa, sosteniendo que el convenio no incluía ninguna garantía de tráfico a favor de la concesionaria. Además, el Supremo no aceptó la reclamación de 203 millones de euros por la reducción del tráfico de la AP-7 debido a desdoblamientos de carreteras nacionales.
