Los abogados de Madrid alertan sobre la reforma judicial aprobada en México
Preocupación internacional de instituciones de la abogacía por la aprobación de la reciente reforma del Poder Judicial en México, ya ratificada en el Senado
Fachada del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). Ricardo Rubio / Europa Press
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El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha lanzando un comunicado en el que manifiesta su inquietud por la nueva reforma del Poder Judicial en México, aprobada el 4 de septiembre por la Cámara de Diputados y ratificada poco después por el Senado.
Este comunicado cuenta con el apoyo de diversas instituciones de la abogacía y judicatura mexicanas, así como organizaciones internacionales como el Consejo General de la Abogacía Mexicana, la Barra Mexicana, la International Bar Association (IBA), la Union International des Avocats (UIA), el New York City Bar Association y la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogado, entre otras.
Desde su presentación el 5 de febrero de 2024 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, esta reforma ha generado controversia y críticas, tanto dentro de México como a nivel internacional. El ICAM, que ha seguido de cerca este proceso, subraya la importancia de la independencia judicial y expresa su preocupación ante los cambios propuestos.
La reforma, considerada la más importante en tres décadas en el país, modifica aspectos de máxima relevancia como el sistema de elección de jueces, la duración de sus mandatos, el régimen disciplinario y el ajuste de los salarios judiciales en relación con el salario presidencial.
Riesgos de la reforma judicial en México
Desde la ICAM han destacado los riesgos de esta reforma. Uno de los puntos más polémicos es el nuevo sistema de elección popular de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), jueces y magistrados federales, lo que podría comprometer su imparcialidad y competencia, al someterlos a presiones políticas y económicas.
La reforma también busca reducir la duración de los mandatos de jueces y magistrados, sincronizándolos con el sexenio presidencial, lo que los haría más vulnerables a influencias políticas. Esta medida plantea dudas sobre la estabilidad de estos funcionarios en sus cargos.
Otro aspecto relevante es la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, cuyas decisiones serían inapelables, lo que podría contravenir los estándares internacionales de independencia judicial y aumentar la exposición a presiones externas.
Finalmente, han señalado la vinculación de los salarios judiciales al del presidente de la República. La ICAM ha señalado que amenaza la autonomía financiera del Poder Judicial, lo que podría afectar gravemente su independencia funcional.
La ICAM ha expuesto que su objetivo es que se revisen los puntos más polémicos de la reforma con el fin de asegurar el equilibrio entre los poderes y salvaguardar el Estado de Derecho en México.
Eugenio Ribón, el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, ha declarado que desde el ICAM «creemos firmemente que la independencia judicial es un pilar fundamental para el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos». La reforma del Poder Judicial en México, tal y como ha sido aprobada, ha advertido, «suscita serias preocupaciones sobre la politización de la justicia y la falta de garantías para preservar la imparcialidad de sus jueces«.
«Exhortamos a las autoridades mexicanas a reconsiderar estos aspectos y garantizar un sistema judicial que sea independiente y a prueba de influencias externas. La abogacía internacional está observando con gran interés este proceso y se une en la defensa de los principios esenciales que deben regir la justicia en cualquier democracia”, ha señalado Ribón.
