Con buen criterio, la patronal de fabricantes de coches, Anfac, quiere plantear al Gobierno de Pedro Sánchez un cambio de calado en las ayudas para la compra de vehículos eléctricos. Las subvenciones actuales, es cierto que no funcionan: multiplican la burocracia y los costes, y el comprador tarda en recuperarlas. Para ello, la patronal que preside Wayne Griffiths quiere transformar esas ayudas en deducciones fiscales mediante IRPF. Serían de aplicación automática, y ahorrarían unos costes de tramitación muy elevados a los contribuyentes. Hasta aquí, una gran idea. El único problema es que quien debe ‘comprar’ la idea es el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, el Gobierno de PSOE y Sumar.

Importante obstáculo. En primer lugar, porque si este gobierno (Yolanda Díaz en buena medida) desdeña las ayudas al eléctrico por beneficiar a rentas altas, imaginemos si en vez de subvenciones se le llama rebaja fiscal. Mal asunto. Y por otro lado, ¿quién va a ponerse la medalla? ¿quién podrá vender en cada transacción que la administración de turno es la que ‘paga’ la fiesta? Ya con los fondos europeos, se propusieron métodos de ayudas más eficientes que sortearan el protagonismo de la administración.

Se rechazó entonces porque el Gobierno de turno lucía poco electoralmente. La propuesta de Griffiths, que llevarán a Montero en unos días, parte con un gran obstáculo ideológico. Quién sabe si las ansias de electrificación de esta Administración pueden vencer estas resistencias. Aunque la idea de los fabricantes de coche va en la buena dirección, se impone la cautela con este Ejecutivo.