Consumo sancionará a las inmobiliarias que cobren estas comisiones

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 abre una investigación a varias inmobiliarias de gestión de alquiler en viviendas que habrían obligado a los nuevos inquilinos a pagar una comisión por gestionar el arrendamiento.  

Entre estas prácticas consideradas como abusivas, destacan las de pagar comisión por gestionar el alquiler, no justificar la temporalidad a la hora de firmar el contrato de arrendamiento o incluir cláusulas excesivas como el adelanto de meses de alquiler y el pago de una fianza.

Se trata de empresas inmobiliarias que trabajan por todo el territorio nacional. 

Ha sido la Dirección General de Consumo la que ha abierto esta investigación a raíz de una serie de denuncias que han presentado las organizaciones de consumidores.  

La multa por infracciones graves podría llegar hasta los 100.000 euros, pero en caso de que sean muy graves, como cuando se introduzcan cláusulas abusivas en los contratos, las empresas tendrían que abonar hasta un millón de euros de sanción.  

Esta medida queda contemplada en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, RD1/2007 recogida por el BOE, que determina cuándo se considera que se producen abusos. 

Incumplir la normativa de regulación de precios en el alquiler, así como la imposición de condiciones sobre prestaciones no solicitadas o las prácticas comerciales desleales con el consumidor, son algunas de las situaciones que se están investigando. 

Algo que, para las empresas investigadas, supone de entre cuatro a seis veces el beneficio ilícito ingresado.  

Se va a analizar el pago de distintos conceptos como por ejemplo las fianzas, que no podrán ser desproporcionadas o el cobro de mensualidades por adelantado.  

La Ley 12/2023 del 24 de mayo de Derecho a la Vivienda prohíbe expresamente el traslado a los inquilinos de los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato.  

Por eso, desde el Ministerio, se ha recordado que la vivienda es un derecho y que está reconocido como un bien de primera necesidad. 

En la red social X, el mismo ministro Bustinduy ha explicado que «el cobro de comisiones a quien alquila una vivienda por parte de inmobiliarias es ilegal. Otras prácticas abusivas frecuentes también lo son».  

Y concluye que, desde su Ministerio se va a «terminar con la impunidad en este sector». 

Las inmobiliarias se defienden

La Federación de las Asociaciones Inmobiliarias (FAI) ha asegurado que las empresas que están cobrando comisiones indebidas a los inquilinos son una minoría y han pedido que no se estigmatice al sector.  

Han elaborado un comunicado una vez que han conocido que el Ministerio de Consumo ha comenzado una investigación con la que se penalizará a quienes cometan infracciones. 

El sector está compuesto por más de 120.000 profesionales y no se puede generalizar, explican, y han reivindicado el papel de las agencias inmobiliarias en el proceso de alquiler. 

«La Ley de Vivienda hay que cumplirla pese a que consideremos que es una ley que no soluciona el problema del alquiler, más bien es contraproducente ya que perjudica a quien pretende ayudar, que es el inquilino».  

Y apoyan el papel de los agentes inmobiliarios como «garantía» ya que realizan «una labor intensa de contención de rentas, promoviendo contratos legales y priorizando la mayor duración del alquiler». 

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