La década oscura de las inmobiliarias en España

Suerte desigual han corrido los integrantes del rimbombante Grupo 14 Inmobiliarias por la Excelencia -el G-14 que nunca tuvo 14, sino 13 miembros-, creado en octubre de 2007 para tratar de defender los intereses de las principales empresas del sector ante la que se avecinaba. Su impulsor, Fernando Martín, ha sido curiosamente el único que ha visto cómo su empresa, Martinsa-Fadesa, ha acabado siendo liquidada.

Casi una década después, de aquella excelencia no queda prácticamente nada. Las decenas de miles de millones de euros de deuda financiera, que acumularon durante la época del boom inmobiliario de la primera mitad de la pasada década, las dejaron sin aliento.

Algunas, como Realia, Renta Corporación o Quabit, siguen cotizando en bolsa y, a trancas y barrancas, están tratando de sacar la cabeza para tratar de enderezar el rumbo ante la supuesta recuperación del mercado inmobiliario.

De todas, Colonial, la sociedad presidida por Juan José Bruguera, es la que mejor parada ha salido. Tras dejar al margen la actividad promotora, apunta a cerrar el presente ejercicio con unos beneficios próximos a los 350 millones de euros, gracias al menor gasto financiero y a los ingresos recurrentes de activos prime en Madrid, Barcelona y París.

Las caídas en la última década

Otras no corrieron tanta suerte. Martinsa-Fadesa anda en plena fase de liquidación de activos, mientras que Reyal Urbis o Nozar se están aferrando, como un clavo ardiendo, a los recovecos legales para tratar de demorar el mayor tiempo posible el fatídico desenlace.

Metrovacesa, la que fuera mayor inmobiliaria de España y la más antigua, ha quedado, en parte, fagocitada por la socimi Merlin. Las entidades financieras –con el Banco Santander a la cabeza– pusieron a buen recaudo los activos más golosos –los procedentes de la cartera patrimonial–, desligados de los millones de metros cuadrados de suelo, cuya salida futura sigue siendo una incógnita.

Y Vallehermoso directamente ha desaparecido. Su matriz, el grupo constructor Sacyr presidido por Manuel Manrique, primero retiró, en 2012, el nombre de la inmobiliaria de la identidad corporativa (Sacyr Vallehermoso se quedó solo en Sacyr) y, dos años después, lograba culminar la liquidación encubierta de activos, con la inestimable ayuda de la Sareb, el banco malo entonces presidido por Belén Romana, actual consejera del Banco Santander.

El empujón de la Sareb

Sacyr se quitaba un muerto de encima. El que le impedía financiar adecuadamente su principal actividad, la construcción de grandes obras de infraestructuras, por la rémora que le suponía la deuda de la filial. Y dejaba a los bancos y a la Sareb con miles de viviendas y, sobre todo, con millones de metros cuadrados de suelo en muchos casos de difícil salida.

La Sareb se había convertido en principal acreedor de la inmobiliaria al adquirir, por la mitad de su valor, deuda por un nominal de 580 millones de euros, la mitad procedente de Bankia y el resto de Novagalicia y Catalunya Caixa.

Tras arduas negociaciones, a finales de 2014 Sacyr lograba extinguir la deuda de Vallehermoso frente a Sareb por un importe neto de 448 millones de euros. Primero, vendiendo obras en curso y terrenos por 409 millones, y rematando, después, con productos terminados (viviendas y locales) por otros 39 millones.

El limbo de Reyal Urbis

El caso de Reyal Urbis resulta sorprendente. Su presidente, Rafael Santamaría, mantiene el tipo contra carros y carretas, y está tratando de demorar el mayor tiempo posible su liquidación casi cuatro años después de entrar en concurso de acreedores.

No tiene actividad alguna, pero cada tres meses remite resultados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como si tal cosa. Los últimos, al cierre de septiembre, reportaron pérdidas superiores a los 114 millones de euros, con unos ingresos de 32 millones procedentes de la actividad hotelera y de la venta de suelo, y una deuda financiera superior a 3.500 millones.

Desde el punto de vista concursal, Reyal Urbis esperaba la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid para conocer su futuro. Ya la sabe. Podrá seguir otro año en el limbo jurídico antes de entrar en liquidación.

El tribunal madrileño resolvía que, en este caso, procedía la interposición de un recurso de reposición ante el mismo Juzgado mercantil 6 de Madrid –el que, en septiembre de 2015, tumbó el convenio de acreedores– y no el de apelación, por lo que desestimaba este y concedía la posibilidad de interponer el citado recurso de reposición. Un enjuague jurídico más para retrasar lo inevitable, como también están haciendo los hermanos Nozaleda con la inmobiliaria Nozar.

La última en hundirse

De todas estas inmobiliarias por la excelencia, la última que entró en concurso fue Chamartín. El grupo dirigido por el riojano Carlos Cutillas había aguantado el tipo durante toda la crisis, pero, al final, a principios de 2016 se vio obligado a declararse en concurso a petición propia con un pasivo de 535 millones de euros.

Como otras muchas inmobiliarias, Chamartín se había beneficiado de una ley (la 10/2008) que, prorrogada año tras año por los gobiernos del PSOE y del PP, permitía a las empresas no actualizar el valor de sus activos inmobiliarios, aunque estos fueran muy inferiores al valor del mercado. Pero, en 2016, esto se acabó.