Las constructoras denuncian «uso abusivo» de empresas públicas en las licitaciones: encargos de hasta 4.000 millones  

La contratación de medios públicos creció un 95% en los últimos cinco años, según las constructoras

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La credibilidad de las licitaciones de obras públicas en España está en un momento de crisis. Las constructoras denuncian un uso excesivo de los medios propios del Estado en las licitaciones por parte de las Administraciones. 

Los encargos de las Administraciones Públicas a medios propios disparan el importe un 142%, hasta los casi 4.000 millones de euros. Cuando en el año 2019, apenas sobrepasaba los 1.500 millones, según OIReScon, dependiente del Ministerio de Hacienda. 

Desde ANCI, con el conjunto del sector, vienen denunciando de forma reiterada «la utilización abusiva de los medios propios» por parte de las Administraciones, más allá del objeto para «el que fueron creados», explica para ECONOMÍA DIGITAL la presidenta de ANCI, Concha Santos

ANCI, la asociación de las constructoras no cotizadas, responsables del 20% de la Obra Pública que se ejecuta en España, también reprende la práctica de encargar «a estos medios y a sus tarifas«, contratos derivados de licitaciones que se han quedado desiertas porque los precios de licitación «no son acordes al mercado«. 

Por ello, desde la Asociación insisten en que los poderes adjudicadores «siempre deben asegurarse de licitar sus contratos a precios de mercado«, para salvaguardar la “competencia y la eficiencia en la contratación pública». 

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La presidenta de ANCI, Concha Santos. Foto: ANCI

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) alerta de que la contratación de medios propios del Estado creció un 95% en los últimos cinco años, desde los 1.888 contratos firmados en 2019, hasta los 3.689 del año 2023

El presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén, afirma que hay que reforzar la «colaboración público-privada y la libre competencia».  

El abuso en la contratación de medios propios, asegura Fernández Alén, está «quebrando la libre competencia empresarial y reduciendo drásticamente» el número de empresas que concurren a las licitaciones. 

Esta situación, explican las constructoras, supone una «seria amenaza» para ejecutar a tiempo los fondos europeos y a medio plazo puede «frenar la actividad económica y la creación de empleo». 

El abuso de medios propios es una de las principales causas de «la mala salud de la contratación pública», cuyo sistema habría que reformar urgentemente para «no frenar la actividad económica», destaca. 

El presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén. Foto: CNC

Las diez principales empresas constructoras del Estado, Tragsa entre ellas, concentran el 65% de los contratos de infraestructuras en 2023, durante el que sólo dos empresas públicas estatales coparon más del 38% de los encargos formalizados. 

Los encargos a medios propios están protagonizados fundamentalmente por las comunidades autónomas, con un 45%; seguidas del sector público estatal con un 36,35%; y de los entes locales con un 18,73%.  

A nivel geográfico, Navarra, Andalucía y Madrid concentran cerca de la mitad (45%) de todos los encargos autonómicos. 

Las constructoras señalan los puntos negros de las licitaciones 

La CNC explica que la potencial pérdida de eficiencia respecto a los fondos públicos empleados, la reducción del mercado por la posible expulsión de empresas y, el fortalecimiento de la posición competitiva y dominante de ciertas entidades, son los principales puntos negros de la contratación pública en España. 

El abuso de los encargos, más allá de la renuncia a los principios de concurrencia y competencia, redunda negativamente sobre el ciudadano al afectar «a contratos que podrían ejecutarse por empresas con mayor eficacia, solvencia y capacidad«, explican las constructoras.   

Obra de soterramiento de la M-30 a la altura de Ventas. Foto: Ayuntamiento de Madrid

La media de licitadores que compitieron para ganar los contratos públicos adjudicados fue de 2,99 en 2023; una cifra que dista bastante de la media de 4,09 registrada en el año 2019.  

La caída de licitadores agrava el aumento de las licitaciones desiertas, que han oscilado entre el 8% y el 10% sobre el total durante los últimos tres años.   

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