El Ayuntamiento de Madrid lanza un concurso para crear viviendas de ‘coliving’
El Ayuntamiento reafirma su compromiso de facilitar el acceso a la vivienda para distintos colectivos sociales
El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado la licitación de tres parcelas en desuso, ubicadas en los distritos de Tetuán y Carabanchel, para la construcción de hasta un centenar de alojamientos en régimen de ‘coliving’.
Este concepto se trata de un tipo de vivienda compartida, que está ganando popularidad en las grandes ciudades, ofrece pequeños apartamentos individuales complementados con amplios espacios comunes y servicios compartidos.
El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, presentó los detalles de los concursos, que permitirán que las parcelas municipales se destinen a la construcción de residencias colectivas. Los concursos se publicarán a partir de mañana y marcan un hito en la gestión urbanística del Ayuntamiento, ya que es la primera vez que se ofrece suelo público para proyectos de ‘coliving’, regulados desde las normas urbanísticas aprobadas en noviembre de 2023.
La vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, explicó que las parcelas en cuestión, una situada en la calle Pamplona, 31 (Tetuán), y dos en la calle Matilde Hernández, 42 y 41-45, esquina con Linares, 22 (Carabanchel), albergarán dos promociones de viviendas colectivas.
En total, el proyecto contempla la construcción de aproximadamente 100 unidades, distribuidas en espacios diseñados para fomentar nuevas formas de convivencia. La parcela de Tetuán, clasificada como de «uso residencial libre vivienda colectiva», tiene una edificabilidad de 1.200 m² y podrá acoger hasta 35 alojamientos. El precio de salida para la licitación de este terreno se ha fijado en 2,45 millones de euros.
Urbanización en Carabanchel
Además, se ha anunciado el proyecto de urbanización de los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel, que permitirá la creación de una nueva zona residencial y mejorará las conexiones viales de la zona. Entre las principales actuaciones, se contempla la prolongación del camino de los Ingenieros y la conexión de la avenida de los Poblados con la calle Ocaña.
El ámbito del proyecto abarca una superficie total de 172.143 m², distribuidos en varias zonas de uso diverso. Se destinarán 46.085 m² a nuevas calles, 23.461 m² a parques y áreas verdes, y 56.532 m² a equipamientos públicos, como hospitales, centros educativos y servicios de seguridad, incluyendo una comisaría de policía y un centro de internamiento para inmigrantes.
Asimismo, se reservarán 9.697 m² para actividades comerciales y 34.329 m² para uso residencial, donde se construirán alrededor de 600 viviendas, de las cuales el 30% serán protegidas, lo que representa unas 190 viviendas de este tipo y 410 libres.
El plan también incluye la instalación de infraestructuras necesarias para abastecer todas las parcelas con servicios como agua, energía eléctrica, telecomunicaciones y gas. En cuanto a las calles, se diseñarán con siete tipos de secciones diferentes, utilizando pavimentos sostenibles para la gestión de aguas pluviales.
Objetivos de la Ley Suelo
Ambos proyectos se alinean con la Estrategia de Gestión del Patrimonio Municipal del Suelo 2023-2027, impulsada por el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, y busca responder a la creciente demanda de vivienda flexible y fomentar la actividad económica en la ciudad.
La iniciativa permitirá que al menos un 55% de la edificabilidad de las parcelas se destine a residencias compartidas en régimen de alquiler libre. Este tipo de alojamiento, cada vez más popular en grandes urbes, se caracteriza por ofrecer pequeños apartamentos privados junto con espacios comunes que fomentan la convivencia y el uso compartido de recursos.
Además, los concursos permiten una elevada flexibilidad en el uso del resto del espacio, lo que facilita la instalación de actividades económicas, culturales o de servicios, ajustándose a las necesidades de cada proyecto. Los detalles técnicos para la adjudicación están recogidos en los pliegos publicados, que ofrecen a los promotores una gran capacidad de adaptación a los distintos programas de uso que se propongan.
Estos concursos cumplen con los objetivos previstos en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, al destinar suelo público a la construcción de viviendas y facilitar el acceso al alquiler en un mercado con alta demanda.