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Los avales antidesahucios del Gobierno se quedan cortos: El 85% de los alquileres están fuera de los requisitos
Las medidas del Gobierno contra los desahucios provocarán una caída de la oferta de vivienda en alquiler
Los avales dejan fuera a tres millones de contratos de alquiler.
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La semana pasada el Gobierno consiguió sacar adelante el decreto contra los desahucios y los nuevos ‘avales‘ para ayudar a los propietarios en caso de ocupación ilegal. La realidad es que el 85% de los contratos de alquiler que hay en España no optan a esta ayuda, según Alquiler Seguro.
Será «totalmente inaccesible para el 85% de propietarios de viviendas en alquiler», cuyas rentas están «fuera del rango del índice estatal de referencia» al alquiler aprobado por el Gobierno, explica el responsable del área jurídica de Alquiler Seguro, Carlos Sánchez.
El pacto con Junts provoca que se extienda el decreto antidesahucios y los propietarios tendrán que seguir asumiendo, en situaciones de vulnerabilidad, los impagos y los posibles destrozos en sus viviendas, sin posibilidad de recuperarlas y sin ninguna compensación económica.
«Resulta inconcebible que la política social de este Gobierno en materia de alquiler la tengan que seguir pagando los propietarios particulares, porque el aval anunciado deja fuera a más de tres millones de contratos en vigor«, indica Sánchez.
«Esta medida no erradica el problema, solo lo acrecienta«, señaló el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, Ricardo Bravo, a este medio; y añadió que el aval «no devuelve la vivienda, que es lo que reclamamos».
Estas medidas desalientan a los propietarios a ofertar vivienda en alquiler, lo que provoca una subida en los precios
Carlos Sánchez, responsable el área jurídica de Alquiler Seguro
Estos avales llevan en funcionamiento durante los últimos cinco años, pero «solo lo han cobrado un 7% de los propietarios«, según el presidente. «Hemos tratado de ponernos en contacto con el Gobierno, pero no hemos recibido respuesta», afirmó.
Desde el primer mes de impago, hasta percibir la compensación vía aval, «puede transcurrir un año o más«, donde será el propietario particular el que tendrá que hacerse cargo de todos los gastos, explica Sánchez.
El Gobierno sacó pecho de esta medida el pasado 13 de enero: «Este sistema ya se ha probado con éxito en Francia, y en España comenzará este 2025 con los propietarios que alquilen a personas menores de 35 años«. Pero, estas compensaciones «son un caos y no cubren las necesidades. Siguen en la línea de invisibilizar a los propietarios», sentenció Bravo.
La destrucción de la oferta de vivienda en alquiler ha crecido desde que entró en vigor esta medida. En el año 2024, las viviendas en este régimen descendieron en 96.000 en toda España.
Para Alquiler Seguro resulta más necesario que nunca «incentivar a los propietarios» para que puedan poner «con seguridad más viviendas en el mercado».
Esta medida supone «un catalizador a la inseguridad jurídica ya existente», circunstancia que desalienta la «puesta en el mercado de inmuebles» y provoca un efecto directo «consistente en una mayor tensión de los precios«, asegura.
«Estamos viendo cómo la política de vivienda se supedita a intereses políticos y electorales y no al interés general de la sociedad y de los jóvenes y familias que no pueden acceder a una vivienda en España», agrega.
La incertidumbre por los desahucios, un problema que se agrava
La extensión de la suspensión de los desahucios en caso de vulnerabilidad es «un punto de incertidumbre para los propietarios», que muchas veces dejan de percibir los ingresos por el alquiler de sus viviendas como «consecuencia de una situación sobrevenida de la que deberían hacerse cargo los poderes públicos«, señala Sánchez.
Lo que es seguro, afirma, es que este tipo de medidas generan «todavía más incertidumbre en un mercado ya de por sí muy sensible», con constantes cambios legislativos que no generan «un clima de seguridad jurídica necesario para la prosperidad del alquiler».
Durante estos años, los okupas han evitado 58.000 desahucios gracias a este decreto del Gobierno, según un informe del Observatori DESCA.
La moratoria no ha frenado todos los desahucios, solo aquellos derivados de impagos o extinciones de contratos de alquiler de vivienda habitual de familias vulnerables, y a civiles de ocupaciones y delitos de usurpaciones bajo determinadas situaciones.
