Waterloo, capital económica de España 

Pedro Sánchez, presidente del gobierno, se reunió el jueves en Barcelona con todas las Cámaras de Comercio catalanas, con Josep Santacreu, presidente de la de Barcelona al frente. Le acompañaban el resto de cabezas visibles de las Cámaras. Las gerundenses de Girona, Palamós y Sant Feliu de Guixols con Jaume Fàbrega, Pol Fages y Albert Sibils al frente. Las ilerdenses de Lleida y Tárrega con sus delegaciones encabezadas por sus máximos dirigentes, Jaume Saltó y Jordi Seguí. Las tarraconenses de Reus, Tarragona, Tortosa y Valls por las que acudieron sus presidentes, Mario Basora, Laura Roigé, Francesc Faiges y Josep Maria Rovira y las barcelonesas de Manresa, Sabadell y Terrassa con sus delegaciones al máximo nivel con Silvia Gratacós, Ramon Alberich y Ramon Talamàs.

Ningún presidente de Cámara faltó al encuentro. La cita hace unos años hubiera sido una verdadera cumbre económica: el presidente del gobierno de España reunido con todos los líderes de las Cámaras de la comunidad autónoma, motor de la economía española, pero hoy las cosas son muy distintas. Las Cámaras han perdido peso, Cataluña también y tanto el presidente del gobierno como los líderes camerales saben que las decisiones no las toman ellos. El eje del poder económico se ha desplazado, en gran medida, a Madrid y el del poder político, aún más lejos, a Waterloo.  

Los presidentes de Cámaras pidieron a Sánchez que aplicará un artículo adicional del estatuto autonómico que obligaba al Estado a invertir en Cataluña un porcentaje equivalente a su peso en el PIB nacional. Sánchez se comprometió a ello. Tanto los presidentes de las Cámaras como el del gobierno obviaron que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto anulo este artículo, alegando que una comunidad autónoma no podía cercenar la capacidad de decisión del gobierno del Estado sobre la política de inversión. La reunión fue plácida y amistosa, pero intrascendente.         

Las Cámaras han perdido peso, Cataluña también y tanto el presidente del gobierno como los líderes camerales saben que las decisiones no las toman ellos

El día antes, en Waterloo, Puigdemont recibía en su casa, donde permanece huido de la justicia española, a una delegación empresarial encabezada por Xavier Panès, presidente de la Confederación empresarial comarcal de Terrassa. La CECOT, una de las tres grandes patronales catalanas, miembro de Fomento del Trabajo (CEOE) se hizo acompañar por el presidente de Comertia, Ignasi Pietx, y el presidente de Retailcat, Joan Carles Calbet. Los compañeros de viaje de CECOT no estaban elegidos al azar. Las organizaciones vinculadas al mundo del comercio, sector económico tradicionalmente clave en Cataluña, tienen una gran influencia ante la administración y los medios, así como mucho poder económico. Junto a CECOT, Comertia y Retailcat completó el equipo Enric Rius, de la Organización de Autónomos de Cataluña, AUCAT.      

La delegación de CECOT era del máximo nivel, dado que junto a su presidente se personaron en Bélgica el vicepresidente, Carlos Garriga y el secretario General, Oriol Alba. Por parte de Junts, Carles Puigdemont fue asistido por el secretario general del partido, Jordi Turull.  

La reunión en Bélgica para tratar el futuro de la vida laboral y de las empresas españolas es mucho más decisiva e importante que la mantenida por Sánchez con los presidentes de las Cámaras en el histórico edificio de la Llotja de Mar.  

¿Cuál es el motivo de que una reunión, la de Bélgica, sea clave y la otra, la de Barcelona, intrascendente? Los interlocutores de Puigdemont y Turull, los comerciantes catalanes y los industriales del Vallès, son un pilar fundamental de la base electoral de Junts. Puigdemont tiene un problema: si se opone a la aplicación de las 37,5 horas será acusado de derechista y de acercarse a VOX y al PP, pero si no se opone se arriesga a perder apoyos históricos desde un punto de vista electoral y financiero.  

CECOT fue inusualmente claro y en un comunicado posterior plasmó cifras que dejan poco margen de duda sobre la evolución económica de Cataluña y su posición contraria a la reducción de jornada:  el PIB per cápita de Cataluña ha caído desde hace cinco años por debajo de la media europea. La patronal vallesana tiene claros los motivos: baja productividad, absentismo y falta de mano de obra calificada. CECOT da un dato definitivo: desde 2019 el incremento de costes laborales ha sido del 18% y la reducción de jornada implicaría otra subida de entre el 6% y 7 % lo que pondría en riesgo la viabilidad de miles de microempresas, pymes y la actividad de decenas de miles de autónomos.  

Al finalizar la reunión CECOT, Comertia, Retailcat y AUCAT se hicieron una foto muy sonrientes en el jardincillo del chalet de fuga de Puigdemont, no obstante, en mayor o menor medida, todos son afines ideológicamente, pero tras las sonrisas, los empresarios, la base electoral de Puigdemont, le dejaron el encargo y el dilema de defender sus intereses o arriesgarse a quedarse sin su apoyo.  

Que nadie se distraiga con las peleas entre la vicepresidenta Montero y la vicepresidenta Díaz, ni entre Sumar y el PSOE, el verdadero punto de interés está en Waterloo, la capital económica de España. El futuro de las 37,5 horas depende de la decisión de Puigdemont ¿No les parece trágico que un prófugo de la justicia, que no cree en el Estado de derecho sea el que tenga en sus manos una decisión de tanta enjundia?