Reforma fiscal sobre vivienda en Cataluña: avances insuficientes para los jóvenes

La crisis de acceso a la vivienda para los jóvenes es un problema generalizado en toda España, pero en Cataluña parece que se agrava aún más.

Existe una sensación extendida de que los precios tanto de compra como de alquiler están desproporcionadamente elevados en comparación con los salarios.

Esta situación responde principalmente a un desajuste estructural entre la oferta y la demanda, un problema que el catedrático emérito de Economía Aplicada Josep Oliver destacó hace solo unos días en su conferencia sobre ‘La crisis de asequibilidad en la vivienda’.

Oliver alertó que, si la situación ahora es mala, no tiene visos más que de empeorar debido a la presión demográfica, con una oferta incapaz de asumir la creciente demanda, sobre todo en las grandes ciudades. Idescat prevé que Cataluña aumente un millón más su población en la próxima década, hasta los 8,5 millones de personas.

En este sentido, el nuevo Decreto Ley 5/2025, aprobado por la Generalitat de Catalunya, introduce cambios fiscales con impacto en distintos sectores, pero destaca especialmente por las medidas dirigidas a los jóvenes menores de 35 años en la compra de vivienda.

Entre ellas, amplía la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) al 5% y la bonificación del 100% de los gastos de escrituración.

Sin embargo, aunque estos cambios pueden ir en la buena dirección, cabe preguntarse si son suficientes para aliviar las dificultades de acceso a la vivienda.

Desde hace años, los jóvenes han sido uno de los grupos más afectados por la precariedad laboral, los bajos salarios y el encarecimiento de la vivienda.

El acceso a una propiedad es, para muchos, una meta inalcanzable, especialmente en un contexto de altos precios inmobiliarios y de financiamiento restringido. Por eso estas medidas no es que sean cosméticas, pero no son necesariamente transformadoras.

La bonificación del 100% en la escritura pública tiene un impacto inapreciable en el conjunto de los costes asociados a la compra de una vivienda.

Por un lado, la reducción del ITP supone un ahorro significativo en la adquisición de vivienda, pero sigue siendo una carga importante en comparación con otros incentivos fiscales existentes en otras comunidades autónomas.

Además, la medida está condicionada a la capacidad de los jóvenes para afrontar el coste de la compra y para acceder a un crédito hipotecario en condiciones favorables, algo que sigue siendo un reto en la actual coyuntura económica.

Por otro lado, la bonificación del 100% en la escritura pública es un alivio económico, pero su impacto es inapreciable en el conjunto de los costes asociados a la compra de una vivienda.

En este sentido, la bonificación o reducción de impuestos recurrentes como el IBI o la introducción de mecanismos de ayuda directa para la entrada de capital inicial podrían tener un efecto más estructural en la mejora del acceso a la vivienda.

Es evidente que este decreto supone un paso en la dirección correcta, ya que también contempla la reducción de impuestos en transmisiones de edificios de oficinas para su transformación en viviendas de protección oficial.

Sin embargo, recoge otras medidas cuyo impacto en el mercado de la vivienda habrá que revisar, como la subida de tipos impositivos en la compra por inversores.

En todo caso, las políticas de vivienda deben tener un enfoque más ambicioso e ir más allá de la reducción fiscal puntual y abordar problemas de fondo, como el aumento del parque de vivienda asequible y la mejora de las condiciones de empleo y salarios de los jóvenes.