Una alternativa rompedora: vender el derecho a migrar

A las puertas de las elecciones al Parlamento Europeo, el populismo basado en la hostilidad a la inmigración vuelve a movilizar una parte creciente del electorado. Un movimiento que ya ha llegado al poder en Eslovaquia, Hungría, Italia, Croacia y Países Bajos y previsiblemente lo hará en un futuro cercano en países como Francia o Suecia.

En España, la población ha crecido un 20% a raíz de la entrada de inmigrantes en lo que va de siglo. Ocho millones de personas, el doble del aumento experimentado en el mismo periodo por los demás países de la UE. En concreto, la población inmigrante en España supone ya el 18% del total, pero su peso es mucho mayor entre la población en edad activa: por cada 100 españoles nacidos en España de 25 a 49 años hay 38 inmigrantes en el mismo grupo de edad.

Los ingresos salariales medios de los extranjeros procedentes de América –básicamente Latinoamérica– son un 37% más bajos que los de los españoles, un 34% en el caso de los africanos y un 17% en el de los europeos (Mahía y Medina, 2022). Muchos trabajadores extracomunitarios experimentan largos períodos de desempleo o inactividad laboral.

La Encuesta de Población Activa (INE, 2023) señala un 15% de tasa de desempleo para los inmigrantes varones extracomunitarios, frente a un 10% para los españoles y un 11% para los comunitarios. Las diferencias son mayores en el caso de las mujeres: 22%, 12% y 17%.

La mayoría de estos ocho millones de migrantes llegó por medio de canales humanitarios o a través de la reunificación familiar; no por sus competencias profesionales. Muchos de los que llegaron con las calificaciones requeridas encontraron trabajo con relativa facilidad, especialmente durante el auge económico de los 2000. Pero muchos de los recién llegados han tenido dificultades para avanzar de los empleos de baja calificación hacia posiciones estables; en algunos casos, a pesar de poseer calificaciones y experiencia considerables.

Ante esta situación, se plantean dos opciones divergentes: la de quienes defienden una política de puertas abiertas con apenas restricciones (aunque al mismo tiempo imponen rigideces en el mercado de trabajo que dificultan su contratación), y la de quienes proponen el endurecimiento de las condiciones de entrada de los extranjeros en sus respectivos países.

Ninguna de estas fórmulas permite una diferenciación efectiva sobre qué perfiles de inmigrantes convendría priorizar, cómo y con qué consecuencias. Una opción alternativa que podría reducir la polarización social y política en torno al debate migratorio es la propuesta planteada por el Premio Nobel de Economía Gary Becker: instaurar un mercado de derechos de inmigración.

Según un esquema de esta naturaleza, los inmigrantes procedentes de países de fuera del espacio Schengen pagarían una tarifa al Gobierno a cambio de obtener un permiso de trabajo y residencia durante cinco años renovables y su importe podría regularse de acuerdo con la edad, la educación u otro criterio.

Incentivos

En cuanto a la reunificación familiar, sería necesario satisfacer una tarifa adicional por cada miembro del grupo familiar. Por supuesto, ciertos perfiles como los terroristas o las personas con antecedentes penales quedarían excluidas, pero de lo contrario las puertas estarían abiertas a aquellos dispuestos a aportar el dinero.

Las personas cualificadas estarían dispuestas a pagar porque disfrutarían de un mayor premium salarial. Los jóvenes se sentirían atraídos porque disfrutarían de una vida laboral más larga en la que podrían aprovechar los beneficios de su inversión. Y aquellos que pretendan establecerse permanentemente y comprometerse con el país anfitrión tendrían allí más tiempo para disfrutar de los beneficios que aquellos que pretendieran regresar a su propio país.

Varios países ya cuentan con planes para fomentar la inmigración cualificada. Dominica ofrece el permiso de ciudadanía por una inversión de 100.000 dólares. Estados Unidos otorga la Green Card a quien invierta 500.000 dólares y cree 10 puestos de trabajo, y Canadá permite residir en el país por 400.000 dólares canadienses.

«Una opción alternativa que podría reducir la polarización social y política en torno al debate migratorio es la propuesta planteada por el Premio Nobel de Economía Gary Becker: instaurar un mercado de derechos de inmigración»

Las instituciones financieras y los empleadores prestarían fondos para adquirir el permiso. Las empresas internacionales bien podrían desembolsar el dinero necesario para transferir trabajadores calificados sin las molestias y retrasos de las solicitudes convencionales. Y los inmigrantes utilizarían los mayores salarios que percibirían en el país de acogida para hacer frente a esos préstamos.

Eso sin contar la ayuda que proporcionarían (ya lo hacen) las redes familiares, comunitarias o las entidades filantrópicas. Si el precio del derecho a inmigrar fuese igual o algo superior al cobrado por las mafias, estas también se quedarían fuera del mercado.

En resumen, la venta de derechos de inmigración reduce los costes (reales o percibidos) para la población nativa; genera ingresos para las arcas públicas; permite financiar programas de formación para reducir las deficiencias en el conocimiento del idioma y experiencia laboral; impone un mecanismo de selección que no depende de criterios discriminatorios o de las decisiones arbitrarias de los Gobiernos; permite reducir las mafias criminales que gestionan la inmigración ilegal, e incentiva la atracción de flujos migratorios que realizan una contribución neta al país de acogida. Instaurar un mercado de derechos de inmigración podría ser una alternativa frente a la creciente polarización social y política alrededor de la inmigración.