Un terrorista en el Congreso

El Congreso ha abierto esta semana, por primera vez, sus puertas a un terrorista condenado en firme porque así lo exigieron los socios de Junts que sostienen a Pedro Sánchez en la Moncloa.

Si Mohamed Houlí, condenado a 43 años de cárcel, compareció ante la comisión hecha a medida y semejanza del prófugo Puigdemont, fue porque, hasta ahora, quienes han desfilado ante sus señorías habían tirado por tierra la teoría conspiranoica de los independentistas empeñados en sostener que el doble atentado de aquel fatídico 17 de agosto de 2017 en las Ramblas de Barcelona y Cambrils era obra del CNI que, pudiendo evitar aquella masacre (16 muertos y más de dos centenares de heridos), no lo hizo. 

Para eso compareció el terrorista yihadista, para acusar al Estado español de haber formado parte del operativo del doble atentado. Sin aportar un solo dato que avalara semejante disparate. Una sentencia de la Audiencia Nacional, ratificada por el Tribunal Supremo y documentos desclasificados habían tumbado ya la teoría conspiranoica alimentada por el ex comisario Villarejo que tan bien le iba a los independentistas catalanes.

Pero lo cierto es que, por mucho que lo han intentado desde Junts, no hay nada que rascar en esa dirección. Ninguna prueba que avale esa acusación. De hecho, el mismo terrorista reconoció en sede parlamentaria que no tenía ninguna prueba que aportar por mucho que insistiese en acusar al CNI para desprestigiar al Estado democrático, diciendo que la central de inteligencia había «dejado» al imán de Ripollet montar la célula que acabó atentando en Cataluña. 

Una comisión por encargo de Puigdemont  

Los diputados del PSOE eran conscientes de la inutilidad de esta comisión pero se ven obligados a seguir la corriente de Junts que es quien decide, con sus siete votos en el Congreso, si Pedro Sánchez sigue o no en el timón de la Moncloa.  

De hecho, la puesta en marcha de esta comisión parlamentaria, cuyo nombre oficial apela al «derecho a saber la verdad y las implicaciones derivadas en los atentados», así como la del caso Pegasus, fue el pago de Pedro Sánchez a Puigdemont para poder nombrar, a cambio, a Francina Armengol presidenta del Congreso.

Una cesión muy controvertida que ha abierto heridas en las sensibilidades de los pocos socialistas con criterio propio que todavía militan en las filas del PSOE y que ha provocado un dolor añadido a las víctimas de aquellos atentados además de inyectar más dosis de odio hacia el Estado español en buena parte de la sociedad catalana más radicalizada.

El barón Emiliano García Page, una de las pocas voces que claman en el desierto mientras no se desvía ni un grado el sentido de su voto, calificó ayer la gestión de esta comisión parlamentaria como una de «las cosas más horrorosas» que han sucedido en la sede de la soberanía popular, mientras el ministro comodín, Félix Bolaños, se mostraba dispuesto a tragar cualquier imposición de Puigdemont que le beneficie al inquilino de la Moncloa, pero sin dar crédito a la versión de un delincuente sobre el que ya se ha pronunciado una sentencia judicial.  

Nadie se desmarca, todo se justifica 

Todo vuelve a quedar en su sitio en el patio socialista, con los críticos incluidos. Nadie se rebela, nadie se desmarca, todo se justifica.  

Y Puigdemont sigue marcándole a Sánchez sus reglas del juego. La clave de su insistencia en que acudiera el yihadista a denunciar al CNI y desprestigiar al Estado democrático español fue la versión del mayor Trapero y el ex director del Centro de Inteligencia, Felix Sanz Roldán.

«Los diputados del PSOE eran conscientes de la inutilidad de esta comisión pero se ven obligados a seguir la corriente de Junts»

Especialmente beligerante se había mostrado el Mayor de los Mossos al destacar, en su declaración, «la lealtad con la que actuó el CNI antes y después de los atentados», lamentando a su vez que se estuvieran lanzando siniestras teorías de la conspiración. Pero los fabricantes de las tesis del complot consiguieron que el yihadista compareciera en sede parlamentaria porque necesitaban un golpe de efecto que contrarrestara las versiones anteriores de Trapero y Sanz Roldán. Pero pincharon en hueso.

La comparecencia del terrorista no les favoreció porque no aportó ninguna prueba. Fue un desvarío más de la legislatura de Sánchez que le permite al fugado de la justicia, Carles Puigdemont, manejar las instituciones democráticas a su conveniencia.  

A la ministra de Defensa, Margarita Robles, le parece «inaceptable» que el yihadista culpara al CNI de estar implicado en los atentados sin aportar prueba alguna cuando, en realidad, lo verdaderamente inaceptable es que acudiera a una comisión que no debía de haber existido. El PP abandonó la sesión porque «han traído a un terrorista al Congreso para llamar terrorista al Estado». El PSOE había votado a favor de esta comparecencia del yihadista. Tomen nota aunque luego estos datos no influyan en el sentido del voto.