Un mes más de degradación institucional

Pedro Sánchez ha fracasado en su primer intento. No ha podido aprobar el proyecto de ley de amnistía porque sus socios de Junts se lo han tumbado en una sesión parlamentaria que ha servido para constatar que este Gobierno está dispuesto a arrastrarse cuanto haga falta con tal de mantener a su presidente en la Moncloa.

Ahora le queda un mes para conseguir su objetivo. Alguien podrá decir que si la ley no salió adelante fue precisamente porque el PSOE no aceptó las enmiendas de los independentistas para blindarse ante la justicia, pero nada más lejos de la verdad.

El intento por amnistiar a Puigdemont de los delitos de sedición, malversación y terrorismo ha abierto una guerra sin cuartel contra el poder Judicial que los socialistas y sus socios están dispuestos a mantener a cualquier precio. Pero la aparición de la cuestión rusa, los contactos y apoyos que el régimen de Putin parecía estar dispuesto a conceder en favor de una Cataluña independiente han cambiado el panorama.

La posibilidad de que Puigdemont pueda ser acusado ahora de alta traición ha puesto nerviosos a los de Junts, que quieren que su líder y sus compinches de aventura independentista puedan salir a la calle con garantías totales. Con una ley de amnistía que incluya el paquete completo. Pero al PSOE le han temblado las piernas.

Y no es para menos. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, asegura que Puigdemont y miembros de su entorno mantuvieron “estrechas relaciones personales” con políticos de extrema derecha alemana e italiana, además de con responsables del Gobierno de Putin, para buscar apoyo «económico y militar» para la independencia de Cataluña. Aguirre concluye que Moscú tenía interés en el procés por su propósito de «desestabilizar la Unión Europea» y, sobre todo, por su obsesión por «establecer relaciones de influencia política y económica con el Gobierno de Cataluña si este se independizaba.

Terrorismo, economía y Rusia

A la Unión Europea le ponen especialmente nerviosa tres cosas: el terrorismo, la economía y la amenaza del régimen de Vladímir Putin. No es descartable, por lo tanto, que las autoridades comunitarias sigan con detalle el proceso abierto contra Puigdemont y los suyos por sus peligrosos vínculos rusos. Y lo que menos le interesa a Sánchez es que Bruselas ponga la lupa en esta cuestión. El Gobierno tiene ahora un mes para volver a negociar con los independentistas, que le exigirán plenas garantías para que Puigdemont vuelva a Cataluña como un héroe y se vaya de rositas del asunto ruso.

Sánchez no va a tener más remedio que seguir arrastrándose si quiere seguir en la Moncloa. Pero lo peor no es eso, lo peor es que permitirá que se arrastren otras instituciones, especialmente los jueces y magistrados que tienen que hacer su trabajo. Si ayer en el Congreso se permitió llamar prevaricadores a los jueces Aguirre y García-Castellón, sin que nadie del Gobierno dijera nada, con el escandaloso silencio del ministro de Justicia, Félix Bolaños, podemos imaginarnos la degradación institucional que nos queda por ver durante todo un mes.