Trump despide funcionarios: por qué el presidente de EE UU está convencido de que el recorte es necesario

Uno de los aspectos más polémicos del segundo mandato de Donald Trump es la eliminación de programas financiados por el presupuesto federal y el despido de decenas de miles de funcionarios.

El magnate neoyorquino cumplió una promesa electoral y el día de su inauguración firmó una orden ejecutiva creando el departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Está adscrito a la Casa Blanca y existirá hasta julio de 2026.

Su cometido es escudriñar el presupuesto federal y suprimir fraude y programas innecesarios e ineficientes. El presidente ha otorgado amplios poderes a Elon Musk, consejero delegado de Tesla y director ejecutivo de X, para contratar un equipo de consultores que está cortando fondos en la mayoría de ministerios.

Antes de examinar la actuación de DOGE, hay que proporcionar un contexto basado en datos. El déficit público de la primera economía mundial en 2024 ascendió a 1,6 billones de dólares, y su deuda pública de 34 billones equivale a un 123% del PIB.

Cuenta con tres millones de funcionarios federales, que representan un 1,87% de la población civil empleada. En dicho cómputo no se incluye a los 1,3 millones de miembros en activo de sus fuerzas armadas.

Hay también 19,58 millones de empleados públicos en los estados, condados y municipios. El porcentaje de funcionarios sobre la población laboral (170.700.000) es de 13,2%.

Durante el mandato de Joe Biden el tamaño del funcionariado civil aumentó un 6%. Los ministerios con mayores incrementos fueron Exteriores (18%), Sanidad y Servicios Sociales (17%) Asuntos de Veteranos (16%) y Finanzas (16%). Según un estudio de la CNN, han sido despedidos 105.961 funcionarios federales desde la toma de posesión de Trump, un 3,5% del total.

Diversidad, equidad e inclusión

Unos de los objetivos de DOGE es suprimir los programas de “diversidad, equidad e inclusión” (DEI).

Durante el mandato de Joe Biden la DEI fue un pilar fundamental de la contratación tanto en el sector público como privado. La administración anterior presentaba un panorama de ausencia grave de integración racial.

Pero desde 1961 mediante el ‘affirmative action‘ se ha fomentado la participación de las minorías (afroamericana, hispana, nativa americana) en el sector público, privado y el mundo académico.

Los afroamericanos constituyen el 13% de la población. El porcentaje de empleados federales afroamericanos se elevó del 10% al 18% entre mediados de los años setenta y noventa. A principios de siglo los afroamericanos representaban el 20% del personal alistado y casi el 9% de los oficiales en las fuerzas armadas.

La DEI, también practicada en Europa occidental, exageraba la infrarrepresentación de las minorías raciales y por género (LGBTQ). El nombramiento de cargos siguiendo el criterio de DEI comporta una discriminación contra la población blanca, especialmente la masculina. Trump reclama que se seleccione al personal en función de su capacidad y mérito. Muchas empresas privadas también están abandonando la DEI.

Según la página web de DOGE, a fecha de cuatro de marzo había ahorrado 8.000 millones cancelando 2.334 programas; otros 10.000 millones cancelando 3.489 subvenciones; y 770 millones rescindiendo 748 concesiones, por ejemplo para el uso de edificios federales.

Jubilaciones, despidos y cierres

La disminución de funcionarios en parte se ha acometido con jubilaciones voluntarias. Se pueden acoger a ellas los que tengan 50 años y hayan cumplido 20 de servicio o los de cualquier edad con 25 años de experiencia. A otros se les ha ofrecido 25.000 dólares.

Se calcula que las bajas por jubilación o incentivadas son de entre 40.000 a 75.000. También se ha prescindido de los funcionarios de reciente contratación que estaban en fase de prueba.

Los despidos más polémicos han sido de más de 70.000 funcionarios (14% del total) del Ministerio de Asuntos para Veteranos (DVA), 7.000 de la agencia que distribuye pensiones (12,3% del total) y 2.100 del ministerio de Educación (51,2% del total).

Trump firmó una orden ejecutiva que cerraría el ministerio de Educación. Creado en 1979, dicho departamento ha sido blanco de los Republicanos desde hace décadas.

Argumentan que los estados y condados ya regulan la educación primaria, secundaria y terciaria. La mayor parte del presupuesto del departamento de Educación en 2024 (280.000 millones) financió becas, ayudas y subvenciones para familias y estudiantes con rentas bajas. Únicamente el Congreso con una mayoría simple de sus dos cámaras puede eliminar cualquier ministerio.

En el ministerio de Finanzas el empresario tecnológico Sam Corcos ha descubierto que el programa de modernización tecnológica del IRS (Hacienda de EEUU) lleva un retraso de 35 años y supera el presupuesto inicial en 15.000 millones.

Corcos explica que el IRS procesa una cantidad de datos parecida a la de un banco de tamaño medio.

Dichos bancos emplean entre cien y doscientos informáticos y su presupuesto es de 20 millones. En el IRS hay 8.000 informáticos y cuenta con un presupuesto de operaciones de 3.500 millones. El 80% de dicho presupuesto se destina a contratistas y licencias de software. Pero el IRS aún utiliza el lenguaje COBOL.

Los sindicatos, ONGs y cargos Demócratas han presentado recursos contra las actuaciones de DOGE ante los tribunales.

El revés más destacado de la administración Trump en materia de despidos se produjo el 13 de marzo. Los fiscales generales Demócratas de veinte estados habían llevado a los tribunales al gobierno. El juez James Bredar obligó a reincorporar a 20.000 empleados despedidos de 18 agencias federales y advirtió que la Casa Blanca debe anunciar despidos masivos con antelación.

La influyente jefa de gabinete de Donald Trump, Susie Wiles, así como diversos ministros están profundamente disgustados con los métodos empleados por Musk.

Comparten el objetivo de suprimir gasto redundante y fraude y de despedir a funcionarios incompetentes. Pero discrepan de los procedimientos Musk. El fundador de SpaceX, por ejemplo, exigió a los empleados federales que rellenaran cuestionarios describiendo el trabajo que desempeñan.

Trump va a tratar de sacar adelante el mayor número de medidas lo antes posible al tener mayorías mínimas en ambas cámaras del Congreso y elecciones en 2026

La tensión entre los ministros y Musk saltó a la luz pública a raíz de una muy acalorada discusión durante una reunión del gabinete el 7 de marzo.

Musk echó en cara al ministro de Exteriores, Marco Rubio, no prescindir de suficientes funcionarios. El exsenador de Florida le preguntó sarcásticamente si quería que contratara a los que se acogieron a las bajas incentivadas para poder despedirlos nuevamente.

Los recortes en Exteriores conllevarán el cierre de doce consulados, la mayoría en Europa occidental.

El ministro de Transportes, Sean Duffy, también afeó a Musk querer reducir la cantidad de controladores aéreos. Trump finalmente intervino defendiendo la acción de sus ministros. Les autorizó a mantener temporalmente a todos los empleados que necesiten, pero añadió que si no disminuyen a medio plazo su personal se encargará de hacerlo DOGE.

Los Demócratas, sindicatos, ONGs y medios de comunicación contrarios a Trump dramatizan diariamente las consecuencias de las acciones de DOGE.

El presidente se mantendrá firme porque cree que el funcionariado es un obstáculo a la aplicación de sus políticas.

Sus asesores saben que los tribunales y los Demócratas frenarán muchas de sus medidas. Tampoco gozan del apoyo unánime de los congresistas y senadores Republicanos.

Con mayorías mínimas en ambas cámaras del Congreso y elecciones en 2026, su táctica es firmar el máximo número de acciones y órdenes ejecutivas en este inicio de mandato.